La Justicia ordenó al Estado que brinde explicaciones por el cese de la distribución de la vacuna contra la meningitis para chicos de 11 años en agosto del 2018, comunicó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que inició la demanda.
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó este martes la sentencia de primera instancia, así como la decisión de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que ordenaba al Estado nacional -entonces administrado por Mauricio Macri- a hacer pública toda la información relativa a la suspensión de la vacuna contra la meningitis.
La suspensión de la aplicación del refuerzo de la vacuna a los 11 años, incorporada al calendario en 2015, se dio a conocer en agosto de 2018 a través de un comunicado de prensa. Este accionar ya había generado la reacción del juzgado federal número 2 de La Plata, que en octubre determinó que la Secretaría de Salud, a cargo de Adolfo Rubinstein, había incurrido en un comportamiento ilegal al suspender la entrega de dosis mediante un comunicado de prensa.
En esta oportunidad, la jueza federal María Alejandra Biotti hizo lugar a una acción de amparo presentada por la ONG y ordenó entregar toda la información en un plazo de 10 días, pero el gobierno apeló ese requerimiento y evitó hacer pública la información.
El abogado de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Robles Tristán, explicó que «la política de inmunización del gobierno anterior dejó un vacío e interrogantes sobre las decisiones que tomó».
«Suspendieron la vacunación contra la meningitis y fue una decisión irregular. Nunca nadie tuvo la posibilidad de conocer los motivos», agregó.
Además, desde la ACIJ detallaron la política de silencio que instaló el Estado ante las consultas ciudadanas. «La Secretaria de Gobierno nunca explicó las acciones que llevaría a cabo para reanudar la aplicación de esta vacuna, qué sucedió con los fondos destinados a la compra de esas dosis ni los detalles de su sistema de compra y distribución», expresaron.
«Hasta el día de hoy no se sabe por qué se decidió la suspensión, el gobierno saliente apeló y no respondió nunca», enfatizó Robles Tristán, al mismo tiempo que aseveró que «el gobierno actual deberá recabar la información y arbitrar las medidas que correspondan, el Estado tiene que cumplir las sentencias».
