Por Carina Kolonisky desde Santa Fe – Enviada especial
La Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción al proyecto de ley por el cual se regula la prestación privada de servicios de vigilancia, investigación, custodia y seguridad de las personas.
La iniciativa fue presentada por Alicia Gutiérrez y Oscar Pieroni del Frente Progresista Cívico y Social y se trató conjuntamente con uno de igual tenor presentado en su oportunidad por el Poder Ejecutivo. La norma aprobada con 45 votos afirmativos determina que el tema en cuestión es un bien público complementario con el que realiza el Estado provincial.
De las 185 agencias habilitadas que existen en el territorio santafesino, 90 son las que están funcionando, con 8.000 vigiladores registrados.
Hasta el momento, su funcionamiento dependía de una resolución del ministerio de Seguridad del año 1991 y de un decreto sancionado en 1999.
Dentro de las bases esenciales del proyecto, la secretaría de Seguridad Pública está contemplada como autoridad provincial de aplicación. Además, propone crear un registro controlado por esa dependencia, regular el uso de armas de fuego y la capacitación de los actores de la seguridad privada.
Los agentes deberán contar con un título secundario, mientras que en los casos en los que no cuenten con ello se les concederá un tiempo prudencial para su obtención. Asimismo, los dueños de las empresas deberán tener título universitario en materia de seguridad.
En tal sentido, Gutierrez reconoció: “Es muy importante que podamos tener media sanción ya que tenemos una falencia importante en la provincia”.
Seguidamente, la legisladora describió que tanto el Poder Ejecutivo como en su caso particular se presentaron proyectos similares: “Los presenté en el año 2008, 2010, 2012, 2014 y 2016, y dos veces tuvieron media sanción pero no fue aprobado por el Senado”.
“Tener una ley permite que nosotros nos hagamos cargo como Estado de controlar a ese cuasi ejército de casi 900 personas, que si bien la mayoría de ellas no están armadas, es muy importante que podamos controlar cual es la tarea que realizan, porque hay muchas empresas que no constan el uso de armas en el registro y sí si hacen sus tareas armados”, concluyó la legisladora.
En tanto, la Cámara de Senadores dio media sanción y giró a Diputados la Emergencia de la Industria láctea en todo el territorio de la provincia por 180 días.
La normativa fue impulsada por los senadores Alcides Calvo, Rúben Pirola, Danilo Capitani, Emilio Jatón, Rodrigo Borla y Felipe Michlig, en la que se expone que la misma “implica contribuir al sostenimiento de toda la actividad vinculada a la elaboración de productos lácteos, asegurar la continuidad laboral de todos los trabajadores del sector y asistir socialmente a todos aquellos empleados que hayan perdido su puesto de trabajo con motivo de la grave crisis que atraviesan las empresas radicadas en la provincia de Santa Fe”.
Además, la Cámara Alta aprobó la iniciativa de Danilo Capitani por el cual el cuerpo legislativo le solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo que corresponda, arbitre los medios necesarios a los fines de auxiliar mediante los distintos programas de asistencia social y laboral, a los trabajadores afectados por la situación de la empresa Agrana Fruit de la ciudad de Coronda.
