La Legislatura de la provincia de Santa Fe aprobó el proyecto de ley de inteligencia que establece criterios para la producción y gestión de información para la prevención del delito. La norma marcará un hito significativo en la regulación de la inteligencia y la seguridad en Santa Fe. La iniciativa, que incorporó aportes de todos los bloques, es una herramienta adicional al gobierno provincial para hacer frente al crimen organizado, evitar el espionaje ilegal y proteger a la ciudadanía.

En tal sentido, la norma instaura las bases jurídicas, orgánicas y funcionales que regulan la actividad de producción y gestión de información, transparenta el presupuesto otorgado para dichas tareas, crea controles legislativos y delimita la actividad para enmarcarla en la Constitución nacional, provincial y los tratados de derechos humanos.

En este sentido la Vicegobernadora de la provincia, Gisella Scaglia declaró: “Gracias a los senadores y diputados, ahora nuestro gobierno contará con la primer Agencia de Inteligencia provincial del país; y a partir de ella, con las herramientas necesarias para atacar a fondo las estructuras narcocriminales y -después de mucho tiempo-, empezar a actuar con antelación y prevenir cualquier fenómeno delictivo”.

Al respecto, el diputado Rubén Galassi recordó que “muchos de los delitos que han conmocionado a la opinión pública en nuestra provincia, particularmente en la ciudad de Rosario, se podrían haber evitado si el Poder Ejecutivo hubiese contado con esta herramienta que hoy convertimos en ley”.

“Por su importancia, continuó el legislador, es una ley que debe tener un amplio respaldo político y que haya sido votada prácticamente por unanimidad es una señal muy clara sobre el consenso logrado y sobre el sentido que le damos a esta herramienta que procura exclusivamente prevenir el delito”, añadió el ex ministro de gobierno de Antonio Bonfatti.

En tanto, la diputada Lionella Cattalini destacó los aspectos de la nueva ley, como “la transparencia en la asignación de fondos, la creación de una Comisión Bicameral compuesta por diez legisladores que llevará adelante el correspondiente control legislativo y el énfasis en la prohibición de obtener información por motivos discriminatorios”.

Para Cattalini, “esta iniciativa, regula las actividades relacionadas a la inteligencia –que no lo estaban-, establece protocolos claros y garantiza el uso eficiente de los recursos disponibles. Debemos aprender de los errores del pasado y no podemos volver a permitir, como ocurrió en la gestión anterior, que se haga uso y abuso del espionaje desde el propio Estado. Las herramientas de inteligencia tienen que utilizarse para brindar protección a la población, sin violar los principios democráticos”, concluyó.