El proyecto de Ley ómnibus enviado al Congreso ha generado un profundo impacto en el ámbito de la propiedad intelectual, especialmente en lo que respecta a la gestión colectiva de derechos de autor. Entre las reformas propuestas, destaca la descentralización de entidades emblemáticas como Sadaic (Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música) o Argentores (Sociedad General de Autores de la Argentina).
La modificación, centrada en la norma 11.723, que salvaguarda los derechos de autores de obras diversas, plantea romper con el modelo monopólico de gestión colectiva que actualmente rige en Argentina. En la actualidad, entidades como Sadaic, Argentores, Asociación Argentina de Intérpretes (ADDI) y la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif) ejercen la recolección y redistribución de regalías de manera exclusiva.
El cambio propuesto permitiría a los artistas y titulares de derechos optar entre gestionar de forma independiente o confiar en estas sociedades de gestión. No obstante, la ley establece la imposibilidad de elegir ambas opciones. Además, abre la puerta a la creación de nuevas entidades de gestión colectiva, sujetas a auditorías y regulaciones por parte de la dirección nacional de derechos de autor, dependiente del Ministerio de Justicia.
Uno de los aspectos más controvertidos de la propuesta es la preocupación por posibles fraudes. La dispersión en la gestión colectiva podría facilitar que individuos sin la autorización adecuada se presenten en nombre de artistas, generando inquietudes en torno a la representación legal y la protección de los derechos de autor.
Es importante destacar que la presentación del proyecto de ley no implica la eliminación de las leyes o decretos que reconocen a las sociedades de gestión existentes. Estas entidades mantendrían su ámbito de gestión, coexistiendo con las nuevas disposiciones que buscan brindar más opciones y flexibilidad a los creadores en la administración de sus derechos de autor.
El debate sobre esta propuesta promete ser intenso, ya que se enfrentan visiones encontradas sobre el equilibrio entre descentralización y posibles riesgos asociados. La eventual aprobación de estos cambios podría marcar un hito significativo en la evolución del marco legal de propiedad intelectual en Argentina.
