El gobierno de Turquía, más precisamente su presidente Recep Tayyip Erdogan, acusó por el fallido golpe de Estado de anoche a una persona en particular: el clérigo turco Fethulah Gulen, quien se encuentra radicado en Estados Unidos desde hace varios años y desde allí lidera la organización Alianza por los Valores Compartidos.
Gulen se convirtió en enemigo político de Erdogan después de que en 2013 se conocieran casos de corrupción, supuestamente destapados por simpatizantes del clérigo, en el círculo más íntimo del presidente que incluyó a uno de sus hijos.
Desde entonces se sucedieron purgas de sus seguidores, entre ellos trabajadores de medios de comunicación o jueces considerados afines al religioso, tales como el diario -de gran tirada- Zaman o la cadena de televisión Samanyolu TV.
El gobierno turco, precisó la agencia Europa Press, consideró a Gulen el “cerebro” del fallido golpe militar de ayer y desde hace años lo acusa de ser el máximo responsable de una «estructura paralela» dentro de las propias instituciones estatales con influencia en los tribunales, la Policía y otros organismos.
El movimiento de Gulen, un clérigo e intelectual de corte islámico moderado, defiende la democracia multipartidaria y desde la década de los 80 ha desarrollado una moderna red de escuelas y universidades, aglutinando influencia entre amplios sectores de profesionales liberales.
Se calcula que en la actualidad tiene unos diez millones de seguidores en Turquía, lo que le permite mantener una cuota importante de poder político.
Pese mostrarse contrario al secularismo, signo de identidad de la Turquía contemporánea, Gulen promovió desde su movimiento un diálogo interreligioso y cultural que lo llevó a entrevistarse en 1998 con el papa Juan Pablo II así como con líderes judíos y ortodoxos.
Erdogan se apoyó en la influencia de Gulen para limitar el poder de los militares nacionalistas, responsables de la caída de cuatro gobiernos desde 1960. Sin embargo, el escándalo de corrupción provocó la dimisión de tres ministros de Erdogan, a lo que el presidente respondió con una purga de jueces, policías y fiscales.
