Por Aldo Battisacco desde Buenos Aires (enviado especial)

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados tratará el martes próximo un paquete de proyectos de ley de distintos bloques políticos que tienen como denominador común la búsqueda de transparencia.

Entre los proyectos sujetos a debate en el seno de la Comisión, el de los diputados nacionales de la UCR Mario Negri y Karina Banfi, es uno de ellos, el mismo se propone transparentar la toma de decisiones dentro del ámbito estatal.

Los legisladores aguardan que se materialicen los decretos prometidos por el presidente Mauricio Macri, que apuntan a pristinizar casos en los que puedan existir conflictos de intereses. Ambos legisladores presentaron su propio proyecto de ley para evitar este tipo de situaciones y “darle mayor transparencia a la toma de decisiones” en los tres poderes del Estado.

En la letra del proyecto se considera conflicto de interés en “el ejercicio de la función pública a toda situación en la que colisionen o puedan colisionar el deber público y los intereses privados de un funcionario”.

La diputada Carina Banfi, dialogó con Conclusión y manifestó que la iniciativa se basa en que “Argentina no tiene una buena estructura de mecanismos de control de corrupción y de transparencia, principalmente, porque la ley de ética pública no contempla de manera suficiente el tratamiento que se merecen los conflictos de intereses, además, estos constituyen una novedad para el gobierno actual y el anterior, como ejemplo tenemos el caso Báez, en el que también se expresa esta situación”.

Para la legisladora radical, todo esto “es apreciable en función de como devino la causa en las que se investiga si hubo cohecho, hoy desdibujado, pero es dable tenerlo en cuenta en función de que cuando no existe un mecanismo preventivo por un conflicto de interés, lo podemos encontrar cuando prima el interés privado y no el público, que es aquello que debe tutelar un servidor público”.

Entre los fundamentos de la presentación realizada por ambos legisladores, subrayan que “en la actualidad, la Ley de Ética Pública resulta insuficiente”, de allí que se proponen fortalecer los mecanismos de control y de rendición de cuentas de los funcionarios públicos”.

Respecto de la legislación existente sobre la materia, la diputada señaló que “existen fuentes internacionales que siguen las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción”.

Por otra parte, Banfi señaló que “del estudio de estos casos junto al diputado Negri se evaluó la posibilidad de acompañar los esfuerzos que hace el Ejecutivo, respecto de los dos decretos que la semana próxima presentará”.

En el mismo sentido, añadió que “hay que buscar una solución inmediata y las herramientas que dispondrá el gobierno para regular este proceso, pero ponderamos que haya un debate parlamentario en el que puedan participar todos los actores, involucrando de esta manera a los tres poderes, ya que participan de la administración pública y de los fondos  que constituyen el presupuesto nacional, no son otra cosa que el dinero de todos los argentinos”.

Este medio consultó a la legisladora radical, de que forma se instrumentaría la ley, Banfi respondió que “la idea es que cada poder tenga una órgano que sea la autoridad de aplicación de la ley y de control. Que no solo sirva para todos los procesos sobre rendición de cuentas de todos los funcionarios, sino también que sirva para prevenir”.

En relación a quienes alcanzaría la normativa de ser aprobada, la diputada bonaerense, precisó que “quedarán comprendidos los miembros del Ministerio Público, embajadores, síndicos, decanos, interventores federales y miembros de las Fuerzas Armadas, entre otros sujeto”.

Sobre lo mismo y considerando que recientemente se suscitaron controversias públicas respecto de los familiares del presidente con empresas vinculadas a su grupo familiar, el proyecto especifica como novedad incorporar  que habrá conflicto de interés cuando se trate de parientes, sobre esto la diputada radical aclaró que será “hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad, conviviente, así como acreedores y deudores de los sujetos alcanzados”.

En otro de los puntos que aborda el proyecto, se especifica que “los funcionarios de los tres poderes tendrían la posibilidad de solucionar la colisión de intereses renunciando a actividades privadas, absteniéndose de intervenir en una actividad específica que esté bajo su órbita u optando por constituir sus bienes en un fideicomiso ciego si correspondiere”.

Es dable destacar que el proyecto de ley establece que será la autoridad de aplicación la que definirá cuándo un funcionario deberá abstenerse, es decir, no quedará al libre arbitrio del funcionario el hacerlo o no. Por último, se plantea la renuncia al cargo como solución al conflicto.

El puntapié para materializar normas en este sentido fue promovido por el Presidente tras los escándalos del Correo Argentino y las aerolínea Avianca, que generaron sospechas de que se trataba de negocios familiares.