La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió hoy autorización judicial para no concurrir el lunes a la nueva audiencia del juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública.

En tanto, el juez Claudio Bonadio volvió de su licencia e inició los trámites para elevar a debate oral la causa por el hallazgo de documentos históricos en la vivienda de la ex mandataria en El Calafate.

La actual senadora nacional le pidió al Tribunal Oral Federal (TOF) 2, que la juzga por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz, no asistir al debate el lunes próximo ni en lo que resta de las audiencias de lectura de los requerimientos de acusación fiscal.

La solicitud fue presentada por su abogado Carlos Beraldi y tiene por objetivo que también se exima a la ex presidenta de la obligación de concurrir a las audiencias en las que se leerá la acusación de las querellantes Oficina Anticorrupción (OA) y Unidad de Información Financiera (UIF), explicaron a Télam fuentes judiciales.

Entre los argumentos, se aludió al deseo de evitar el necesario despliegue de seguridad que debe realizarse en el edificio y sus adyacencias en cada visita de la ex mandataria, algo que podría ser considerado por el Tribunal, según indicaron fuentes judiciales.

El abogado Beraldi se comprometió a salir de garante a la hora de notificar a Fernández de Kirchner del contenido, para lo cual ofreció llevarse su grabación en un pendrive para llevarlo a la senadora, quien luego dejará por escrito constancia haber accedido al mismo.

Cristina Kirchner comenzó a ser juzgada el martes último como supuesta jefa de una asociación ilícita que cometió delitos durante el kirchnerismo, entre ellos el direccionamiento de la obra pública nacional en Santa Cruz, a favor de empresas del detenido Lázaro Báez.

Según la acusación fiscal, en ese lapso se adjudicaron a los Báez 51 obras, el 80 por ciento del total en la provincia patagónica, muchas de las cuales quedaron inconclusas, tuvieron sobreprecios o no eran necesarias.

Tras la lectura de las acusaciones se iniciará la etapa de planteo de cuestiones preliminares, y luego comenzarán las declaraciones indagatorias, etapa que es de concurrencia obligatoria.

Junto a la ex presidenta son juzgados Báez; el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas José López y el primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos, quienes se encuentran detenidos.

En la misma jornada, el juez federal Claudio Bonadio inició hoy los trámites para enviar a juicio a la ex presidenta en la causa por el hallazgo, durante allanamientos, de documentos históricos en su vivienda de El Calafate.

Apenas se reintegró, pasadas las 9, a su despacho del cuarto piso de Comodoro Py 2002 tras una licencia médica, el magistrado firmó el cierre de la instrucción de esa causa y dio vista a las partes para que resuelva si corresponde enviar a la ex presidenta a juicio oral, explicaron fuentes judiciales.

En esta investigación, abierta a raíz de la causa cuadernos, se procesó a la actual precandidata a vicepresidenta, sin prisión preventiva, por el hallazgo en su casa de El Calafate de un prontuario del ex presidente (1916-22) Hipólito Yrigoyen y una carta que el general José de San Martín le envió desde Francia al patriota chileno Bernardo O’Higgins, en 1835.

La ex presidenta está acusada de haber cometido el delito de «incumplimiento de deberes de funcionario público» por no haber informado la tenencia de los documentos históricos al Archivo General de la Nación.

Además, en los tribunales de Retiro se preparan aún sin fecha de inicio otros juicios orales en los que está acusada la ex presidenta por las investigaciones conocidas como Los Sauces y Hotesur, dólar futuro y la firma del fallido Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA.