Memoria Austral: la instalación británica en Puerto Egmont en 1765
En el tercer capítulo de este ciclo que pretende escudriñar en profundidad la historia de las Islas Malvinas, Alejandro Maidana y Juan Facundo Besson, desasnan la tercera de las doce patas del león británico.
Claramente este suceso no tuvo que ver con un accidente ni una ocurrencia casual de aventureros náuticos con exceso de ron. Fue la culminación de una estrategia cuidadosamente orquestada por una potencia que, tras consolidar su dominio marítimo, sabía que el Atlántico Sur era una pieza clave para dominar el Pacífico y controlar las rutas globales.
Las Malvinas, ese archipiélago olvidado y remoto, dejaron de ser un simple punto en un mapa para convertirse en un enclave estratégico fundamental, una base para proyectar poder más allá del estrecho de Magallanes. Puerto Egmont, situado en la isla Trinidad, no fue elegido al azar: su ubicación protegida y su cercanía a las rutas hacia el Pacífico le conferían un valor táctico innegable. Así, lo que algunos relatos simplifican como “descubrimiento” fue, en realidad, la pieza de un engranaje imperial más amplio, un acto calculado que brotó de exploraciones previas, tensiones coloniales y maniobras diplomáticas.
Desde Londres, la narrativa oficial se sostiene sobre un castillo de naipes: la glorificación de navegantes como John Davis, supuestos “visionarios” sin mandato real, pero que se transforman en pioneros de un “derecho histórico” bastante discutible. Es la típica historia que mezcla ficción imperial con autoengaño, convenientemente adornada por historiadores ingleses que, aun reconociendo sus flaquezas, las cubren con la capa épica de una tradición insular que glorifica la ambición colonial.
Freedman, por ejemplo, no duda en barnizar las grietas del argumento con romanticismo imperial; Pascoe, por su parte, se aferra a la ridícula idea de que la mera presencia fugaz basta para legitimar un “derecho de descubrimiento” que haría reír a cualquier jurista serio del siglo XVIII. No son historiadores, sino cronistas de fe imperial, que prefieren la mitología a la verdad histórica.
En contraste, la posición historiográfica española y argentina, dos víctimas claras del poder blando británico, ha desmenuzado estas ficciones. Han mostrado que la llamada “continuidad histórica” británica en las Malvinas es en realidad una construcción tardía para justificar lo injustificable: la usurpación materializada en el siglo XIX y luego legitimada con invocaciones selectivas a hechos dispersos, episódicos y, a menudo, irrelevantes.
Las islas, ignoradas durante más de un siglo por Londres, se convirtieron de pronto en un “territorio ancestral británico” gracias a una operación narrativa que haría sonrojar a cualquier novelista medianamente decente. Mientras que Francia, España y el Virreinato del Río de la Plata dejaron documentos y pruebas de ocupación efectiva, la tradición británica se apoya en vacíos, visitas efímeras y mapas ilustrados con más imaginación que rigor topográfico.
El episodio de 1690 con John Strong ilustra a la perfección este modus operandi: una breve travesía que se reduce a bautizar un estrecho en honor a un burócrata del Almirantazgo que probablemente jamás supo ubicar las islas sin ayuda. No hubo asentamientos, ni cruces clavadas, ni actos formales de posesión, solo la expedición más efímera imaginable. Y, sin embargo, esa nimiedad fue elevada a “acto fundacional” por la diplomacia británica, como si el simple hecho de nombrar un lugar otorgara derechos jurídicos de soberanía. Aquí queda claro cómo el poder imperial ha usado la palabra y la simbología para crear “hechos” donde no existen, sosteniendo mitos que pesan más que la realidad.
El interés británico en el Atlántico Sur no empezó con Puerto Egmont, sino que ya a fines del siglo XVII Londres enviaba expediciones exploratorias, apoyadas por la Corona, en busca de puntos estratégicos y comerciales. No se trataba de aventuras sin rumbo: detrás había una política imperial en ciernes. Mientras que la historiografía inglesa tiende a presentar estas incursiones como intentos pioneros en los mares australes, la mirada española y argentina las entiende como parte de un proceso de expansión imperial pragmática, con espionaje y reconocimiento más que con ciencia o colonización real.
La monarquía española respondió con la rapidez y contundencia que su imperio requería: reforzó sus defensas en el extremo sur, restringió el paso a extranjeros y reafirmó la soberanía española sobre el Atlántico Sur tanto en el papel como en los hechos. Así, la cuestión de control territorial no era solo formalismos legales sino la efectiva vigilancia y ejercicio del poder. La historiografía española ha resaltado este momento como una defensa coherente frente a las presiones imperialistas, demostrando que el dominio colonial se sustentaba en la acción cotidiana tanto como en documentos.
El siglo XVIII marcó un cambio global. Con la guerra europea que llevó a Gran Bretaña a la cima del poder naval, asegurar bases estratégicas pasó a ser prioridad. La fundación de Puerto Egmont fue un acto consciente del Almirantazgo para garantizar un acceso autónomo al Pacífico, sin depender de puertos en manos españolas. Mientras historiadores británicos insisten en esta versión como un logro naval, historiadores argentinos denuncian la ocupación como una intervención ilegítima, sin consentimiento regional ni legitimidad alguna.
Cuando en 1765 los británicos desembarcaron y levantaron su bandera en Puerto Egmont, no ignoraban la presencia francesa en la isla oriental del archipiélago, colonia que Madrid resolvería diplomáticamente tras la cesión francesa a España en 1767. Desde entonces, las Malvinas quedaron bajo la administración del Virreinato del Río de la Plata y la vigilancia directa de España. Pero coexistir con una potencia europea rival en un mismo archipiélago era imposible. Para España, el enclave británico era una ocupación ilegítima, y comenzó a planificar su expulsión.
En 1770, la tensión en el archipiélago estalló en una crisis diplomática que reveló la obstinación británica por aferrarse a unas pretensiones basadas en fantasías imperialistas y argumentos jurídicos tan endebles como su presencia real en las islas. Así, se inauguró un escenario de disputas sin fin, donde las verdades históricas se retuercen para servir intereses que aún esperan su próxima jugada en las doce patas del león.