“No podemos solamente bajar la edad de imputabilidad, hay que buscar una solución integral”: la mirada de Pastoral Carcelaria

La Pastoral Carcelaria de Rosario reconoció que el Régimen Penal Juvenil del país debe ser “actualizado”, pero pidió que estas reformas no sólo contemplen una baja en la edad de imputabilidad, sino que trabajen en la reinserción y brinden soluciones integrales para atender las diferentes cuestiones –como la pobreza o falta de educación y trabajo– que llevan a que un menor cometa un delito.

En diálogo con Conclusión, el padre Fernando Bustamante expresó: “No podemos resolver situaciones y realidades complejas con respuestas simplistas. La intención del Gobierno de enviar al Congreso una reforma en el Régimen Penal Juvenil debe incluir un debate integral, porque no comprende solo la baja de edad de imputabilidad de los menores. Los legisladores tienen el gran desafío de no dejarse llevar por el humor social. En Argentina creció la población carcelaria, pero pareciera que esto no solucionó los problemas de inseguridad que tenemos en la vida cotidiana”.

Y añadió: “No podemos dejar de tener presente la situación de las víctimas, de quienes padecen hechos de violencia e inseguridad, pero tampoco podemos solamente bajar la edad de imputabilidad. Hay que buscar una solución más integral de la situación. Priorizar solo el cumplimento de una ley punitiva, pero sin responder integralmente a las consecuencia, nos deja haciendo agua en otros ámbitos, como la educación, el trabajo, la salud o el acceso a la cultura”.

Asimismo, el religioso reconoció que el Régimen Penal Juvenil “necesita ser reformado y tener una actualización más acorde a la Convención de los Derechos del Niño y a los demás pactos internacionales que Argentina firmó y tienen rango constitucional”.

“El caso de un niño u adolescente que comete un delito grave debiera tener como respuesta una carcelación con una mirada esperanzadora e integral que ponga el foco en su educación y en el cuidado de su salud, física y mental, y que también preste atención a su inserción. Si solamente vamos a encerrar a los niños y adolescentes para que cumplan una condena y mientras tanto no hacemos nada para que se vuelvan a insertar en la sociedad, llegará el día que salgan de la cárcel con una mano atrás y otra adelante. Si los niños y adolescentes encarcelados no tienen buen acceso a la salud, a la educación, a la capacitación laboral y al trabajo es difícil que luego puedan insertarse a la vida social”, alertó Bustamante.

Y completó: “La solución no está solamente en encerrar a las personas que tienen conflicto con la ley. Es necesario poner un límite a la transgresión, pero también se debe evaluar cómo llegó esa persona a cometer un delito, cuál fue su historia y posibilidades, cuáles fueron las exclusiones que las movieron a cometer un ilícito. En América Latina es un hecho que la pobreza, marginación, falta de educación, oportunidades, acceso a la salud y al trabajo están directamente relacionados con el conflicto con la ley penal”.

“Sé que la propuesta llevada al Congreso es de penas proporcionadas al delito cometido y en el caso límite la carcelación. Para eso el Estado debiera habilitar instituciones adecuadas para recepcionar a los niños o adolescentes en conflicto con la ley, las cuales no sólo deberían estar en condiciones edilicias, sino también con personal capacitado y con programas y propuestas para tratar la causa por la cual esa persona está encarcelada”, cerró el referente de la Pastoral Carcelaria.