Por Aldo Battisacco Enviado especial a Buenos Aires – El abogado Santiago Marino Aguirre expuso ante los miembros de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, en el marco de la reunión informativa que se realizó con la intención de escuchar a especialistas en relación a la reforma del Código Penal Argentino.
Las posiciones fueron disímiles, incluso antes que se de lugar al debate al ingresar a la sala Eva Perón, Federico Pinedo consideró que un nuevo código alejará la impunidad porque «aleja los vericuetos y escapatorias que se ven en los procesos penales».
Consultado sobre que aspectos avanzará la nueva norma, el legislador porteño sostuvo que «lo debe discutir el Senado», porque hasta ahora «hay una propuesta de una comisión redactora, se trata de la segunda porque el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, conformó comisión y aunque con disidencias elaboró un proyecto integral de Código, este es el segundo y vamos a analizar que puntos tendrán consenso».
Preguntado por Conclusión sobre que aporte le ofrece a la justicia esta nueva herramienta, el presidente provisional de la Cámara alta, respondió que «dará claridad, y evitará contradicciones. En actualizar delitos diseñado para la primera parte del siglo 20. También incorpora los delitos posteriores a la guerra, vinculados a derechos humanos y tratados internacionales, se suman los delitos de terrorismo, queremos clarificar como se cumplirán las penas».
Sin embargo el panorama que pintó Santiago Marino Aguirre, ante la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, presidida por Pedro Guastavino (Justicialista), resultó disruptiva una vez que analizó que «el hacinamiento en las cárceles, al tiempo que preguntó “dónde van a meter” a los nuevos presos.
El letrado, llamó la atención de los legisladores y señaló que “no pueden dejar de tener en cuenta qué pasa con la realidad carcelaria», y recordó que el titular de Justicia dictó la emergencia carcelaria por la superpoblación que existe en ellas».
Y reprochó que en caso que se aplique el Código que se debatía no sabía «dónde van a poner la gente”, cuestionó, y agregó: “Van a obligar a los jueces a hacinar gente y vamos a incumplir los tratados internacionales”.
Y añadió: “¿No se hizo un, estudio, una proyección, de cuánta gente podría ir presa si se aplica esta Código? Si no se tuvo en cuenta eso, ¿dónde los van a meter?”.
Por otra parte, apuntó a los medios que informan que «se repiten los jueces garantistas, que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra”, y seguidamente aclaró que no es así porque hay “cárceles que explotan, en estado de emergencia, por jueces que ordenan que esa gente esté presa ahí”.
“En 15 años de defensor, a mi no me tocó ningún juez garantista, y a mis colegas tampoco. Los jueces aplican la ley y las cárceles están que explotan”, y sentenció: “Con este Código Penal se va a triplicar la cantidad de presos y va a implicar hacinamiento. Hay que pensar en esto” cuando se elevan las penas.
Además, Aguirre interpretó que “otro de los caballitos de batalla de este Código es ‘todas las penas a cumplir’”, cuando “hace 80 años que en el Código, si una pena por un delito leve se puede dejar en suspenso, se deja en suspenso. Pero acá la regla es ‘todos a cumplir’, y la consecuencia serán miles de presos, ¿no se prevé dónde van a meter esos presos?”.
Graciela Dubrez
Por su lado, la especialista Graciela Dubrez, del Observatorio Internacional de Prisiones Sección Argentina, expresó que el estado «actual de las prisiones en Argentina indica que en la cárcel no hay socialización; se han constituido en meros depósitos de personas, donde el abuso de la situación de prisión preventiva y la cohabitación forzada de primarios y reincidentes, de ladrones y criminales, se debe a la voluntad política de sancionar con prisión todo tipo de conductas en lugar de utilizar medidas alternativas al encierro”.
En la misma línea, Dubrez impulsó “rever el monto de las penas de cumplimiento efectivo” y “revisar con detenimiento el concepto de imputabilidad”.
En tanto que el doctor Juan Pablo Montiel, quien es director de Crimint (Centro Virtual de Investigación en Derecho Penal) se focalizó en la responsabilidad penal de las personas jurídicas y sostuvo que otra de las figuras como “la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria en este momento es inaplicable o de muy difícil aplicación”.
Pero sugirió “incluir delitos como acoso laboral y delitos laborales” ya que “la experiencia marca cómo disminuyen estos delitos en ámbitos laborales a partir de introducir la responsabilidad penal de la persona jurídica en estos contextos”.
