Organizaciones sociales se movilizaron este viernes hasta el penal de Gorriti, en Jujuy, para reclamar la liberación de tres militantes detenidos en los últimos días en el marco de diversas manifestaciones. Los manifestantes denuncian una escalada de la criminalización de la protesta.

Después de varias horas de ignorarse su paradero tras su detención, los dirigentes Sebastián Copello, del Polo Obrero, y Juan Manuel Chorolque, del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR)-12 de Abril, fueron trasladados este martes por la noche a la unidad penitenciaria del barrio Alto Comedero. También había una orden de detención contra Verónica Urzagasti, dirigente del Movimiento Argentina Rebelde (MAR) y minutos antes de que comenzara una conferencia de prensa convocada para repudiar las detenciones, la Policía de la provincia retuvo a Jesica Bustos, militante MAR, mientras caminaba por la Plaza Belgrano.

¿QUÉ FUE LO QUE PASÓ?

Todo inició en el comienzo de sesiones en la Legislatura jujeña, el pasado 1 de abril. En la madrugada del 31 las fuerzas policiales ya habían empezado a ocupar la plaza Belgrano, que es el parque principal, con el objetivo de bloquear la llegada de los manifestantes. Un nutrido grupo de organizaciones sociales movilizaron igualmente a la Legislatura, entre ellas la agrupación Verde y Blanca de ATE Jujuy, con Nando Acosta a la cabeza. «Allí se producen algunas escaramuzas y activan el famoso Código Contravencional y notifican a todos los responsables de las organizaciones sociales. Acosta, ya que se corría el rumor de que iba a haber detenciones, sacó un habeas corpus la semana siguiente. Al no poder ir contra el, (las fuerzas policiales) empiezan a perseguir a las otras organizaciones», contó Liliana Pedraza, de APDH regional Jujuy, en dialogo con Conclusión.

Luego, el 6 de abril, detienen a Sebastián Copello, del Polo Obrero, y Juan Manuel Chorolque, del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR)-12 de Abril. Además se pide la detención de Verónica Urzagasti, dirigente del Movimiento Argentina Rebelde y este jueves detuvieron por un momento a Jesica Bustos cuando se dirigía a una conferencia en plaza Belgrano.

«En realidad no fue una detención. Se la llevaron en un patrullero por verla con una remera del movimiento y le dijeron que la próxima vez que la vean movilizando la iban a detener. También estuvieron secuestrando celulares para ver los contactos y hacer una red de la gente cercana a los detenidos», relató Pedraza, quien también señaló que los militantes detenidos tuvieron que pagar una multa de 640 mil pesos por violar el Código Contravencional.

La conferencia tuvo como fin repudiar la detención de Sebastián Copello, del Polo Obrero, y Juan Chorolque, del MTR 12 de Abril, acusados de los delitos de “entorpecimiento al transporte y servicios” y “desobediencia a la autoridad”.

En ese marco, varias organizaciones sociales decidieron movilizarse este jueves al penal de Gorriti para esperar la liberación de sus compañeros manifestantes y denunciar un alza del accionar represivo del gobierno de Gerardo Morales.

AMPLIO REPUDIO

Desde las organizaciones detallaron que  «la acusación es haber participado de medidas de luchas del movimiento piquetero, todas las cuales se desarrollaron con miles de participantes en un cuadro de aumento de la miseria y el hambre en la provincia y el país.

Desde la Utep (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) de Jujuy, repudiaron «el accionar represivo que viene llevando adelante el gobierno de Jujuy, con Gerardo Morales a la cabeza, quien, frente a los reclamos justos por mayor presupuesto en trabajo, educación y salud, busca hostigar y disciplinar a todo el pueblo jujeño».

Por su parte, el Espacio Memoria, Verdad y Justicia de Jujuy, que nuclea a organizaciones sociales, gremiales y políticas emitió un comunicado rechazando las detenciones.

«Se trata de un nuevo salto en la política de persecución del gobierno de Jujuy, que ya viene de detener 15 compañeros por un reclamo de las organizaciones de desocupados, compañeros que fueron liberados luego de una extensa movilización nacional. Nuevamente el gobierno de Morales, utiliza el sistema inconstitucional de la fiscalía de Estado de Jujuy para criminalizar la protesta y ejercer el terror contra las personas que se movilizan por sus reivindicaciones en la provincial. El fiscal Funes sigue haciendo el trabajo sucio, ordenando allanamientos, intervención telefónica y detenciones de los compañeros. La acusación es solo por el artículo 194 del Código Penal y resistencia a la autoridad por no acatar la orden de desalojo», detallan en el texto.

En ese sentido, remarcaron que se trata de «una criminalización de cuatro movilizaciones pacíficas». «Va en línea con una ofensiva política en todo el país contra el movimiento piquetero y de criminalización de la protesta social, que apunta a garantizar el plan de ajuste en el marco de una crisis social que se profundiza».

Según informa el diario Página 12, el fiscal Diego Funes imputó a los detenidos por los delitos de “entorpecimiento de transportes y servicios” y “desobediencia a la autoridad“. En la acusación sostuvo que “los imputados deberán ser alojados en calidad de detenidos comunicados en la dependencia que asigne el departamento judicial de la Policía de la provincia”, lo que no sucedió, ya que después de casi cuatro horas las abogadas defensoras pudieron saber dónde se encontraban los dirigentes.