"En medio de la imposición de un clásico manual neoliberal monetarista, de brutal impacto en las clases populares y los sectores medios, la medida oficializada se presenta como una herramienta para evitar el 'desorden en la vía pública' pero en realidad tiene como objetivos impedir, reprimir y criminalizar la protesta social", expresaron.
Con una marcha que se desplazó desde la Plaza del Che hasta la sede de la Unión Cívica Radical en la ciudad, militantes y agrupaciones sociales se congregaron para denunciar la "violación del derecho a la protesta" ejercido en la provincia cuyana, donde cuatro referentes del movimiento fueron retenidos por reclamar contra el Gobierno de esa provincia.
Los manifestantes denuncian una escalada de la criminalización de la protesta y apuntan directamente contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.
Tras la imputación y convocatoria a declarar a tres trabajadores de la empresa Hey Latam! que ejercían su derecho a reclamar, el secretario gremial del sindicato expuso que “la Justicia opera rápidamente en contra de los trabajadores pero no así con la empresa que produjo el vaciamiento”.
Se realizó la charla “Conflictos, protesta y represión” organizada por la Asociación de abogados laboralistas de Rosario y por el Centro de Investigación por los Derechos Humanos “Juan Carlos Gardela” en el teatro Empleados de Comercio.
El cuerpo legislativo local aprobó un pedido de informe sobre los incidentes del 1 de noviembre en el barrio de la zona sur de la ciudad. Tenso debate en el recinto por la prisión preventiva del militante Guillermo Piccolo, recluido en Piñero por 45 días.
Desde los gremios locales pidieron el cónclave con el titular de la cartera de Seguridad provincial para pedir “que no se criminalice la protesta” luego de la detención de trabajadores del gremio gastronómico durante el último paro general de la CGT, el 25 de septiembre pasado.
Entre las 10 y las 12 la Corriente Clasista y Combativa realizará seis cortes en contra de la criminzalización de la protesta y para reclamar por el procesamiento del dirigente Nelson Salazar en Salta.