Por Aldo Battisacco desde Buenos Aires

El diputado Nacional Julio Solanas, presentó el jueves pasado, un proyecto a fin de proponer una modificación a la ley 26.485 que busca reglamentar la tenencia y portación de armas para aquellas personas que, siendo parte de las fuerzas policial o de seguridad en cualquiera de sus niveles, tengan denuncias en su contra por violencia de género.

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Diputado Julio Solanas

Según manifestó el legislador a Conclusión , la iniciativa se fundamenta en la necesidad contar con un procedimiento claro al respecto, ya que no se encuentra expresamente previsto en la normativa actual. “Resulta imprescindible establecer medidas de seguridad específicas y necesarias en pos de resguardar la integridad física de la persona denunciante”, afirmó.

El legislador refirió que la norma dispone que “en los supuestos de denuncia, por violencia doméstica y/o de género, conforme las leyes 24.417 y 26.485, contra persona integrante de Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad, nacionales, provinciales y locales, en actividad o en retiro, la Autoridad Superior deberá prohibir de inmediato la tenencia y portación de arma y de las municiones fuerza correspondientes, evitando su traslado fuera la dependencia donde presta servicios el personal.”

Consultado acerca de cual son los puntos relevantes de la reglamentación propuesta, el Diputado aclaró: “La autoridad judicial competente deberá comunicar al Registro Nacional de Armas, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la revocación de la autorización para adquisición, tenencia y portación de armas, y ordenar suspender preventivamente la condición de legítimo usuario y/o portación de armas y municiones correspondientes registradas.”

Por otro lado, amplió su exposición diciendo que en los fundamentos de la norma se cita el informe anual del CELS (AÑO 2016) “hay diferentes casos de mujeres asesinadas por sus parejas policías, en un solapamiento de la violencia institucional con la violencia de género. En ese campo se articulan factores políticos, sociales y culturales que redundan en la habilitación y reproducción de prácticas policiales violentas hacia las mujeres por motivos de género”.

Finalmente, Julio Solanas preciso a este medio: “Por estas razones resulta oportuno plantear iniciativas específicas, que tengan en cuenta los elementos institucionales que contribuyen a su prevención”, concluyó el diputado por Entre Ríos.