López y De Sousa están procesados por haberse quedado de manera indebida con $8000 millones recaudados a través del impuesto a la transferencia de combustibles, y Echegaray por haber facilitado la maniobra desde la conducción de la Afip.
La Fiscalía a cargo de Raúl Pleé pidió que se vuelva a detener en forma inmediata al empresario Cristóbal López y a su socio Fabián De Sousa, así como se restituya la caratula a defraudación contra la administración pública también para el ex titular de la Afip Ricardo Echegaray.
“El administrador federal habría beneficiado a los dueños de Oil a través de la concesión irregular de planes de facilidades de pago”, indicó el fiscal Raúl Pleé.
El pedido, al igual que lo hicieron la Afip y las defensas, se realizó por escrito, por lo que no se llevó a cabo la audiencia pública en la Cámara Federal de Casación Penal, que ahora tiene cinco días para resolver la cuestión.
Puntualmente, los jueces Gustavo Hornos, Ana María Figueroa y Eduardo Riggi tienen que resolver sobre los pedidos de detención así como por el cambio de caratula en la causa iniciada por la por la falta de pago de 8.000 millones de pesos en impuestos al expendio de combustibles de la empresa Oil Combustibles, que pasó de defraudación a la administración pública a apropiación indebida de tributos.
«La maniobra investigada no puede reducirse a un delito tributario porque sería uno de los delitos presuntamente cometidos por la asociación ilícita integrada por expresidentes, funcionarios públicos y empresarios cuyo objetivo era enriquecerse a costa de las arcas públicas», indicó Plee.
La Fiscalía pidió la detención luego que López y De Sousa fueran liberados el pasado 16 de marzo por la Sala I de la Cámara Federal con el voto de Eduardo Farah y Jorge Ballestero, quienes a raíz de ese fallo fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura por presunto cohecho.
“El resto no los abonó y, exceptuando los meses de septiembre y octubre de 2015, fueron reducidos en los planes de facilidades referidos», señaló el fiscal en referencia al ex titular de la AFIP.
Echegaray, recordó el fiscal, era la máxima autoridad del organismo, por lo que no podía desconocer las maniobras: «El administrador federal habría beneficiado a los dueños de Oil a través de la concesión irregular de planes de facilidades de pago, permitiéndoles prorrogar automáticamente la obligación de ingresar ese tributo, en perjuicio del fisco», indicó.
Luego, agregó: «No sólo no se ejecutó un deuda exigible sino que por la concesión irregular de planes de pago se permitió que Oil no ingresara el impuesto y financiara con ese dinero la expansión del grupo económico, en perjuicio de las arcas públicas lo que configura el delito de administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública».
Por otra parte, el fiscal insistió en que existen peligros procesales de mantenerse López y De Sousa en libertad, esto es posible entorpecimiento de la causa, y por eso reclamó la detención de ambos.
Siguió de esta forma el mismo criterio adoptado en primera instancia por el juez federal Julián Ercolini, quien los había detenido al considerar que los empresarios habían intentado desprenderse de activos mientras se tramitaba la investigación y burlar así la inhibición de bienes.
En tanto, la Afip sólo reclamó el cambio de caratula y que el caso vuelva a ser investigado por defraudación a la administración pública, puesto que si permanece como delito tributario López podría evitar la prisión pagando la deuda.
Tal como se preveía, las defensas pidieron que quede el delito de apropiación indebida de tributos y que la Casación rechace los planteos de la Fiscalía y la querella.
