El anuncio del Gobierno de modificar el Régimen Penal Juvenil cosechó algunos respaldos y otros tantos rechazos a bajar la edad de imputabilidad de los menores, entre magistrados judiciales, organizaciones como Unicef y la Correpi y dirigentes como Elisa Carrió (Coalición Cívica), Margarita Stolbizer (GEN), Daniel Arroyo (Frente Renovador) y Julián Domínguez (PJ).
La diputada y aliada del gobierno de Cambiemos, Elisa Carrió, sostuvo hoy en un comunicado de prensa que la reforma del Régimen Penal Juvenil «hace más de diez años que es la propuesta de la Coalición Cívica», porque «no tener una ley de este tipo es hacer de los adolescentes mano de obra de las organizaciones criminales», y remarcó que la iniciativa «está enmarcada en la declaración de los derechos del niño».
Carrió propone la creación de un régimen de responsabilidad penal juvenil que abarca la franja entre los 14 y los 18 años, incorporando institutos jurídicos novedosos y relevantes.
Dispone además un sistema de responsabilidad penal juvenil con todas las garantías sustantivas y procesales contenidas en la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
En tanto, el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Lipera, dijo hoy que está «de acuerdo» con la idea de bajar la edad de imputabilidad de los menores de 16 a 14 años y explicó que «no es lo mismo un chico de 14 hoy que hace 30 años», aunque estimó que «debe ser un punto dentro de un conjunto de medidas».
Mientras, el juez en lo Correccional de Menores de Misiones, César Jiménez, dijo hoy: “la responsabilidad penal juvenil como ley nacional es una asignatura pendiente” ya que están «trabajando con una legislación de la dictadura militar».
Sin embargo, Jiménez consideró que pensar que la convocatoria «es partir de bajar la edad es un error”.
En esa línea, María Ángeles Misuraca, oficial nacional de Protección y Acceso a la Justicia de Unicef, consideró: «la normativa vigente (ley 22.278) es incompatible con los derechos de los niños. Se trata de una ley elaborada durante la dictadura, de corte tutorial, que es necesario modificar».
Sin embargo, aseveró que la posición de Unicef es «no bajar la edad de imputabilidad de los menores, porque sería dar un paso atrás, retroceder», y agregó que al organismo internacional «le interesa que, a cambio, se trabaje en la ampliación de medidas alternativas a la privación de la libertad».
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) reclamó cambiar «el carácter clasista del sistema judicial», en vez de impulsar iniciativas que bajen la edad de imputabilidad de los menores, ya que «con las actuales leyes vigentes, ningún pibe, culpable o inocente, es impune si es pobre».
«Como anuncio de comienzo de año hubiera querido escuchar al Presidente proponiendo un cambio en la educación para que los menores tengan un mejor futuro, y no proponer bajar la edad de imputabilidad para que vayan presos», señaló la diputada del GEN Margarita Stolbizer en diálogo con Télam.
Sin embargo, Stolbizer consideró que el actual régimen penal juvenil debe modificarse y recordó que ella tiene un proyecto al respecto que el kirchnerismo nunca trató.
«Si el Presidente dijera que quiere cambiar el régimen lo apoyamos, lo que no queremos es bajar la edad de imputabilidad, porque lo que necesitamos es cambiar esta escuela expulsiva y que a los chicos no les enseña nada» agregó la diputada del GEN.
Por su parte, el dirigente del Frente Renovador, Daniel Arroyo, recordó hoy que no dio resultado bajar la edad de imputabilidad de los menores que cometen delitos de 16 a 14 años en los países donde se aplicó; y advirtió que si no se hace una reforma «integral» del sistema con soluciones a las «adicciones y al hacinamiento en los institutos» cada vez habrá «más chicos presos que perfeccionarán» su accionar delictivo.
En tanto, el dirigente peronista Julián Domínguez se dijo contrario a la iniciativa al sostener que «pretender bajar la edad de imputabilidad a 14 años es pensar que el fuego se apaga con nafta», y aseguró necesario «consensuar una ley de responsabilidad penal juvenil de sólidos fundamentos democráticos de respeto a los derechos de los niños y adolescentes establecidos en los tratados internacionales».
Y añadió: “No nos oponernos a una nueva ley de responsabilidad penal juvenil, pero deberá ser una decisión política que convoque al conjunto de las fuerzas nacionales, populares y democráticas a impedir que dicha reforma contemple la baja de edad de imputabilidad”.
«Hubiera querido escuchar al presidente proponiendo un cambio en educación»
Garavano dijo que la imputabilidad de menores debe lograrse por «consenso»
