Siguen los coletazos y las repercusiones luego del caos financiero post PASO y encrudecido por las medidas que difundió el Gobierno Nacional. En este caso, las perjudicadas son las provincias en relación a la obra pública. Desde la Cámara Argentina de la Construcción, aseguraron que el Estado santafesino sufrirá el recorte de más de 2500 millones de pesos, producto de los beneficios fiscales otorgados por el gobierno nacional esta semana y eso traerá aparejado el peligro de perdida de 2000 empleos.

Las delegaciones de Rosario y Santa Fe de la Cámara Argentina de la Construcción se reunieron con representantes de la UOCRA para ratificar que «están en el mismo barco sufriendo las mismas consecuencias».

Los constructores están preocupados por la ejecución de las obras en marcha, y por la baja de las licitaciones, ya que –según explicaron- entre el llamado y la efectiva generación de trabajo hay no menos de 6 meses”.

En diálogo con Conclusión, el gerente de la delegación Rosarina de la Cámara Argentina de la Construcción (CACROS), Rubén Llenas confimó que en la reunión con el gremio se reafirmó «que entre empresarios y obreros tenemos un mismo discurso y estamos en el mismo barco».

«La preocupación de la Cámara fundamentalmente se basa en una reunión que tuvimos con los ministros de las provincias cuya incumbencia está en la obra pública. Se trata de una reunión de seguimiento de obras públicas que se hace con una frecuencia mensual o cada 40 días donde nos informaron que a raíz de las medidas económicas a nivel nacional que se han tomado, la provincia se va a ver afectada en su recaudación desde ahora hasta fin de año en aproximadamente 2500 millones de pesos», especificó el gerente de CACROS.

En esta línea, aclaró que lo que afirman la funcionarios de la provincia es que van a tener menos recursos y eso va a afectar la continuidad de los contratos de obras públicas. «Se trata de recursos que la provincia ya tenía presupuestado su ingreso porque son recursos de coparticipación nacional, es decir, los anuncios del Gobierno tienen que ver con impuestos nacionales y si hay una reducción de impuestos nacionales qué se coparticipan, automáticamente las provincias van a tener la dificultad de continuar con los contratos».

Llenas remarcó que la consecuencia inevitable es la posible pérdida de empleo que trae aparejada esta situación. El referente detalló que la estimación de pérdida de puestos de trabajo «es de 2000 empleos». «Esperemos que no se lleve a cabo; es una estimación teniendo en cuenta los contratos que se van a paralizar, la curva de ejecución de los contratos va a ser más larga y las licitaciones que están programadas y que no van a empezar. Por ende, va a haber una cantidad de obreros que terminan de trabajar y las empresas no tienen donde trasladarlos para que continúen las obras«, reflexionó.