Presentan un proyecto para rechazar la “Oficina de Respuesta Oficial”: ¿qué “errores” la dejaron expuesta?
Los expertos advirtieron que estas medidas oficiales podrían derivar en formas encubiertas de hostigamiento, restricciones a la libertad de expresión y persecución de opositores.
La Oficina de Respuesta Oficial que lanzó el Gobierno de Javier Milei no para de sumar cuestionamientos, que ahora tomaron forma de proyecto legislativo. El diputado nacional Nicolás Trotta presentó este viernes una iniciativa que busca rechazar la creación de este supuesto organismo de control y “verificación” que en pocas horas de funcionamiento demostró que solo intenta disciplinar a las voces críticas, sin importar la veracidad de los argumentos utilizados. Los expertos además advirtieron que estas medidas oficiales podrían derivar en formas encubiertas de hostigamiento, restricciones a la libertad de expresión y persecución de opositores.
Trotta recogió parte de estas críticas al lanzamiento de la Oficina de Respuesta Oficial e impulsó un proyecto de declaración que intenta formalizar el rechazo y manifestar preocupación “frente a la reiteración y recrudecimiento de acciones del Poder Ejecutivo que atentan contra el ejercicio de la actividad periodística y el pleno desenvolvimiento de los derechos a la libertad de expresión y opinión”.
Para el legislador, es de vital importancia no naturalizar ningún avance autoritario, como considera que es este organismo que pretende “verificar contenidos” bajo el argumento de bregar por la transparencia mientras manipula datos, evita responder preguntas concretas de comunicadores no alineados con la Casa Rosada e ignora la difusión de información falsa por parte de actores oficialistas.
Cabe recordar que el presidente y parte de su equipo llegaron a denunciar penalmente a periodistas como Carlos Pagni (La Nación); Mauro Federico (Carnaval); Ari Lijalad y Nicolás Lantos (El Destape); Julia Mengolini (Futurock); y Darío Villarruel (AM750), entre varios más. El lanzamiento del organismo de control digital es leído dentro de la misma lógica de amedrentamiento.
¿Qué se sabe de la Oficina?
Detrás de esta cuesta está Juan Pablo Carreira, un operador digital libertario que consiguió un cargo en la administración pública a pesar de haber afirmado que jamás cobraría de las arcas estatales. “Si algún día llego a recibir un peso del Estado, que me cuelguen de cabeza en el Congreso”, tuiteó en diciembre de 2015. Carreira, que en redes sociales es conocido como «Juan Doe», es ahora quien comanda la Oficina de Respuesta Oficial.
El cargo formal que ostenta es el de director de Comunicación Digital de la Presidencia. A lo largo del miércoles, respondió a las críticas a través de su cuenta de X, donde dejó algunas respuestas que permiten conocer un poco más del nuevo instrumento de propaganda gubernamental.
“Obvio que en el Boletín Oficial no se creó ninguna ‘Oficina’, no hay ninguna estructura nueva, nada. Es simplemente una cuenta de Twitter Oficial del Gobierno. No pueden ser más pelotudos porque no les da el tiempo”, escribió Carreira bajo el seudónimo tuitero “Juan Doe”.
El comunicado con el que se presentó la supuesta Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina -con tilde de verificación gubernamental en X- sostuvo que la misma fue creada “para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política, porque solo ‘informar’ no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta”.
A pesar de tener la mencionada insignia de cuenta representativa de un gobierno, Doe sostuvo que “no hay ningún gasto asociado” a ella, porque “es solo eso, una cuenta de Twitter”.
El lanzamiento de la nueva Oficina de Respuesta Oficial no tardó en recibir el respaldo público del titular de Casa Rosada, quien sostuvo que la cuenta se estructuró “para desenmascarar mentira y operaciones de los medios”.
La oposición política y distintas entidades periodísticas apuntaron contra la medida y advirtieron sobre la gravedad institucional que implica montar desde el Estado un “tribunal de la verdad”.
“Resulta alarmante que esta iniciativa haya sido difundida desde la cuenta oficial de Prensa de la Presidencia. Esto confirma que se está utilizando una estructura oficial -y por ende, recursos públicos sostenidos por todos los ciudadanos- para vigilar, señalar y estigmatizar el disenso o la labor periodística crítica”, resaltó un comunicado difundido por el Foro de Periodismo Argentino (Fopea).
Estas entidades apuntaron que dicha medida se concretó mientras desde el poder se retacea y dificulta el acceso a las fuentes de información. No se brindan conferencias de prensas regulares y -tal como dejó reflejado Conclusión en un informa publicado a finales del año pasado- el presidente y sus funcionarios solo hablan con un reducidísimo puñado de comunicadores.
Según un informe del Equipo de Chequeado, el lanzamiento de la Oficina de Respuesta Oficial es una iniciativa que carece de la independencia necesaria para ser considerada una herramienta de fact checking válida y podría derivar en mecanismos de persecución.
Lucas Graves, investigador de la Universidad de Wisconsin-Madison, advierte en ese artículo de Chequeado que ninguna agencia estatal “debe confundirse o presentarse como fuentes de información independientes».
Clara Jiménez Cruz, CEO de Maldita.es, cuestiona en ese artículo la lógica de la auto-auditoría: “El trabajo del fact checking es obligar a los poderosos a rendir cuentas. Si ellos mismos pretenden hacer el fact checking, ¿quién garantiza la rendición de cuentas?”.
Discusión con periodistas uruguayos
La Oficina de Respuesta Oficial quedó en el ojo de algunos comunicadores uruguayos, que señalaron que -en busca de deslegitimar a la periodista María O’Donnell- el Gobierno difundió una información que -dijeron- es incorrecta respecto a la edad de imputabilidad que rige en Uruguay.
“En una entrevista que circula, la periodista María O’Donnell intenta instalar la idea de que bajar la edad de imputabilidad a 13 años en la Argentina sería una medida extrema, ubicándola entre ‘las más bajas del mundo’. Esto es falso. Uruguay, por ejemplo, cuenta desde 2004 con un sistema que permite juzgar y condenar a menores de entre 13 y 17 años”, escribieron desde esa cuenta.
«Falso. La edad de imputabilidad en Uruguay es de 18 años. Hubo un plebiscito para intentar bajarla a 16 años y no se logró. El gobierno de Javier Milei, generando noticias falsas», le respondió Diego Martini Lemos, periodista de Radio Uruguay.
