Presentan una acción judicial para frenar la explotación petrolera británico-israelí en Malvinas
La Asociación de Abogados Ambientalistas y el CECIM La Plata solicitaron a la Justicia Federal la suspensión inmediata del proyecto "León Marino". Denuncian que las empresas extranjeras avanzan sin la autorización de la República Argentina ni estudios de impacto ambiental, violando las resoluciones de la ONU y poniendo en grave riesgo el ecosistema del Atlántico Sur.
El conflicto por la soberanía y la protección de los recursos naturales en el Atlántico Sur sumó un capítulo judicial decisivo. La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) presentaron una acción preventiva de daño ambiental colectivo ante el Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego. La demanda apunta directamente contra la firma británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum Development, buscando frenar de manera inmediata las obras y el financiamiento del millonario proyecto de hidrocarburos Sea Lion (denominado «León Marino» en la presentación judicial).
El yacimiento hidrocarburífero se localiza en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, específicamente sobre la plataforma continental argentina. De acuerdo con los planes corporativos, el proyecto prevé operar durante más de 30 años a partir de 2028. La infraestructura proyectada contempla un centro logístico en Puerto Argentino y el desarrollo de dos fases que sumarán 23 pozos submarinos (16 productores, seis de inyección de agua y uno de gas).
Durante el transcurso de 2026, las multinacionales iniciaron de manera unilateral las obras en el muelle y las bases terrestres, planificando las perforaciones submarinas para comienzos de 2027 y la primera extracción de crudo para el primer semestre de 2028. Sin embargo, pedidos de acceso a la información pública tramitados por Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas ante el gobierno nacional en enero de 2026 confirmaron que ninguna de las empresas solicitó autorización al Estado argentino ni inició el procedimiento obligatorio de evaluación de impacto ambiental.
La presentación de las organizaciones comunitarias resalta que las licencias otorgadas por la administración colonial británica carecen de validez y no pueden suplantar las leyes nacionales ni la soberanía argentina sobre su plataforma continental. Asimismo, ambas petroleras arrastran un extenso historial de ilegalidad en territorio nacional: Rockhopper fue declarada «clandestina» por el Estado argentino en 2012 e inhabilitada por 20 años en 2013, mientras que Navitas recibió una sanción idéntica en el año 2022. En sintonía con estos antecedentes, la Cancillería argentina ya había rechazado formalmente la inversión conjunta a fines de 2025 por contradecir el marco legal y el derecho internacional.
Además del atropello a las leyes nacionales, las entidades denunciantes advirtieron que el proyecto vulnera de forma flagrante la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual insta a las partes en disputa a no adoptar decisiones unilaterales que introduzcan modificaciones en el territorio mientras la controversia de soberanía siga abierta. «Cada pozo busca perforar también el derecho; el petróleo aparece como una nueva forma del viejo despojo», sostiene el escrito judicial.
La soberanía como un bien común indivisible
Desde la perspectiva de los demandantes, el caso plantea una «tutela ambiental soberana», donde se superponen el derecho a un ambiente sano y el derecho del pueblo argentino a resguardar su soberanía territorial. Los riesgos ecológicos de una explotación de esta escala en aguas australes son extremos, abarcando ruido submarino, transporte de químicos, perforaciones del lecho y la latente amenaza de derrames petroleros cuyas corrientes afectarían áreas críticas de migración, alimentación y reproducción de fauna marina.
El CECIM La Plata, organización de derechos humanos nacida tras el conflicto de 1982, recordó junto a la AAdeAA que la soberanía no se puede dividir ni negociar en partes. Al defender el mar y las costas frente al avance extractivista colonial, la acción judicial busca evitar un daño ambiental irreversible antes del «hecho consumado». La demanda exige a la Justicia Federal que obligue a transparentar las fuentes de financiamiento del proyecto, dejando en claro que los bancos, aseguradoras y fondos que sostienen esta actividad ilegal deben responder ante la ley.
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