Presentan una denuncia para que se investiguen los préstamos millonarios a funcionarios libertarios
El eje central de la demanda gira en torno a lo que algunos sectores ya denominan un “festival de créditos”, en referencia a la presunta concesión masiva de financiamiento a figuras cercanas al oficialismo.
La diputada nacional Mónica Frade presentó una denuncia penal para que se investigue el otorgamiento de créditos hipotecarios por parte del Banco de la Nación a funcionarios públicos, legisladores y personas vinculadas al gobierno de Javier Milei.
La presentación solicita la apertura de una investigación penal para determinar si existieron irregularidades o delitos en la asignación de estos préstamos, que, según la denunciante, podrían configurar un uso privilegiado de fondos públicos.
El eje central de la demanda gira en torno a lo que algunos sectores ya denominan un «festival de créditos», en referencia a la presunta concesión masiva de financiamiento a figuras cercanas al oficialismo.
Según la información recopilada a partir de registros públicos del Banco Central y publicaciones periodísticas, varios de los beneficiarios habrían accedido a montos millonarios que no se corresponden con sus ingresos o capacidad de repago.
El entrecruzamiento de datos reportó que varias figuras del elenco oficialista habían sacado créditos hipotecarios en el Banco Nación. Entre los nombres que resaltan están los de los diputados nacionales Alejandro Bongiovanni, Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Mariano Campero, el tuitero Juan Pablo Carreira (Juan Doe) y los funcionarios de Economía, Federico Furiase y Felipe Núñez.
Se mencionan préstamos que oscilan entre cientos de millones de pesos, otorgados incluso a personas con ingresos relativamente bajos o inestables. Uno de los ejemplos más llamativos es el de un joven asesor legislativo que, con ingresos mensuales cercanos a los dos millones de pesos, habría accedido a un crédito que multiplica varias veces su capacidad crediticia.
La denuncia remarca que las normas del Banco Central obligan a las entidades financieras a evaluar rigurosamente la capacidad de repago de los solicitantes. En ese sentido, se cuestiona que se hayan otorgado créditos a funcionarios con mandatos temporales o ingresos inestables, lo que incrementa el riesgo de mora y podría afectar la solvencia del banco.
En términos legales, la denuncia menciona la posible comisión de delitos como negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias, abuso de autoridad y administración fraudulenta.
Según el escrito, podría existir una «colusión» entre funcionarios que solicitan los créditos y autoridades que relajan los controles, configurando lo que se describe como una «falla de dos llaves».
Frade solicita una serie de medidas de prueba, entre ellas el acceso a los legajos crediticios completos, las actas del directorio que aprobaron los préstamos y peritajes contables para determinar si hubo perjuicio económico para la entidad.
La causa, de avanzar, podría poner bajo la lupa el funcionamiento interno del Banco Nación y reabrir el debate sobre el uso de recursos públicos en beneficio de sectores políticamente vinculados.