Qué dice la ley de Sostenibilidad de la Deuda Pública, que Milei quiere evitar con un DNU
En 2021 el Congreso aprobó una norma que regula las operaciones “de crédito público” con el FMI. Incluye la “ampliación de los montos de los programas”, como busca ahora la gestión libertaria.
El Gobierno anunció este jueves que el presidente, Javier Milei, firmará por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y luego lo remitirá al Congreso, para que le de “su apoyo”.
Según informó la Oficina del Presidente en un comunicado, “tal como se comprometió el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias, se dictará y remitirá al Congreso Nacional un Decreto de Necesidad y Urgencia para obtener su apoyo en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”.
Más allá del desprecio que el Gobierno muestra habitualmente por la institucionalidad y la división de poderes, el mecanismo que procura utilizar en esta ocasión para incrementar -aún más- la deuda contraída por Mauricio Macri en 2018 con el FMI, choca contar la legislación vigente.
El 11 de febrero de 2021 el Congreso de la Nación aprobó la ley 27.612, que fue publicada en el Boletín Oficial el 3 de marzo siguiente. Se la conoció con el nombre de Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública.
La norma busca, entre otros objetivos, darle un marco legal a la deuda pública, ya sea la que se contrae o la que se renegocia con organismos internacionales de crédito, como el FMI . El artículo primero establece que “la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones de títulos públicos autorizadas para ese ejercicio”.
Es decir, que las deudas que asume el Estado nacional deben ser autorizadas por el Congreso y contempladas en la ley de Presupuesto de cada año. Desde que asumió, Milei decidió no tener ley de Presupuesto, con el posible objetivo de tener mayor discrecionalidad en administración de los recursos.
Además, el artículo primero agrega que “toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras que supere dicho porcentaje requerirá de una ley especial del Honorable Congreso de la Nación que la autorice expresamente”.
Acá, hace unos días, @JMilei dijo que iba a respetar la ley Guzmán, como se conoce a la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública.
Ahora anuncian que envían un DNU para que el Congreso apoye un acuerdo con el FMI sin mostrar la letra de ese acuerdo. NO ES… https://t.co/DHEMq5K6HH pic.twitter.com/Qy0CY6CODq
— ari lijalad (@arilijalad) March 7, 2025
Y el artículo 2º de la norma es el que choca contra la intención del Gobierno de acordar por decreto con el FMI, para que luego el Congreso “lo autorice”. Dice la ley: “Dispónese que todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”.
La letra y el espíritu de la norma son extremadamente claros al respecto. La intención oficial de endeudarse nuevamente con el Fondo por DNU -mediante una renegociación del último acuerdo, aprobado durante la gestión de Alberto Fernández- se ubica en una zona opaca entre la legalidad y la ilegalidad. Pero la política es el arte de hacer posible lo imposible.