Reforma del Código Penal: el Gobierno enviará al Congreso un proyecto que tipifica nuevos delitos y endurece penas
Se espera que la iniciativa sea sancionada en este trimestre e incluye modificaciones en crímenes violentos, protección de víctimas, fraudes financieros y penalización de delitos migratorios.
Ante la decisión de analizar más detenidamente la reforma del Código Penal, el Gobierno enviará al Congreso un proyecto para tipificar nuevos delitos y endurecer las penas. Se trata de aspectos que luego serán incluidos en el paquete completo, pero que requieren de una aprobación más urgente.
Se espera que la iniciativa sea sancionada en este trimestre e incluye modificaciones en crímenes violentos, protección de víctimas, fraudes financieros y penalización de delitos migratorios.
El proyecto incorpora un criterio de interpretación «pro-víctima» que, según sus impulsores, «obliga a los jueces a fallar a favor de quienes sufren delitos y establece la participación obligatoria de la víctima en decisiones procesales relevantes, como la suspensión del juicio a prueba».
A su vez, se incorporarán figuras ya previstas en la Ley de Migraciones, como el tráfico ilegal y el fraude migratorio, y se agregan nuevos tipos penales para sancionar el ingreso y la permanencia ilegal de extranjeros, con penas que van de uno a veinte años y agravantes vinculadas a la violencia, el engaño o el abuso de situaciones de necesidad.
En materia económica, la reforma apunta a combatir las estafas piramidales con un artículo específico que eleva las penas a un rango de tres a doce años de prisión, incluyendo agravantes cuando la víctima pierde total o parcialmente el capital invertido.
Respecto de los delitos contra la propiedad, la propuesta tipifica la modalidad conocida como «viuda negra» como robo agravado, con condenas de hasta doce años, y contempla un inciso particular para quienes suministren sustancias a la víctima con el fin de consumar el ilícito, ya sea por engaño o por fuerza.
El texto también tipifica los delitos conocidos como «salideras» y «entraderas» y los cometidos por «motochorros», con penas que varían entre dos y doce años según la figura. A su vez, establece agravantes cuando los ataques ocurren en el ingreso o salida de viviendas, bancos o escribanías, y prevé inhabilitaciones para conducir de hasta dieciséis años en determinados casos.
En el ámbito penitenciario, la reforma crea un delito específico por la tenencia de armas dentro de establecimientos carcelarios con sanciones de dos a seis años y agravantes si funcionarios facilitan el ingreso, además de ampliar el catálogo de objetos prohibidos y las conductas punibles en esos contextos.
El proyecto también contempla aumentos de pena para maniobras peligrosas como las picadas callejeras, con un mínimo de un año y un máximo de seis, la duplicación del tiempo de inhabilitación para conducir y hasta ocho años en caso de homicidio.
Además, endurece las penas por grooming y abuso sexual infantil, con castigos de hasta quince años en supuestos agravados y protección especial para menores de trece y personas con discapacidad. Asimismo, producir o distribuir representaciones sexuales de menores de 18 queda penado con hasta doce años y llega a los doce si la víctima es menor de trece.