Reforma laboral: el oficialismo apura el debate en el Senado bajo un clima de fuerte tensión social y dudas fiscales
El gobierno de Javier Milei busca sancionar el proyecto el próximo miércoles, pero aún no garantiza los votos para el capítulo fiscal y el sistema de indemnizaciones. Mientras se intensifican las negociaciones con los gobernadores por la baja de Ganancias para grandes empresas, las centrales sindicales y movimientos sociales preparan una masiva movilización al Congreso.
El oficialismo nacional enfrentará el próximo miércoles una jornada clave en el Senado con el objetivo de sancionar el proyecto de modernización laboral, una de las piezas legislativas fundamentales para la gestión del presidente Javier Milei. La sesión, convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel para las 11, se desarrollará en un contexto de fuerte tensión social, ya que coincidirá con una marcha de las centrales sindicales, sectores de la izquierda y la tradicional movilización de los jubilados.
A pesar de que La Libertad Avanza (LLA) contaría con los votos necesarios para la aprobación en general, el escenario se vuelve incierto al momento de desglosar los artículos específicos. Los puntos que generan mayor fricción son el capítulo fiscal y las modificaciones al sistema indemnizatorio. En particular, la reducción del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas —que pasaría del 35% al 31,4%— es resistida por los gobernadores, dado que el impacto fiscal de casi 2 billones de pesos se sentirá con fuerza en 2027, un año electoral.
Para destrabar el conflicto, la jefa del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich, mantiene negociaciones directas en la Cámara Alta, mientras que el ministro del Interior, Diego Santilli, intenta alinear a los mandatarios provinciales. Hasta el momento, el oficialismo contaría con unos 40 votos, sumando aliados del PRO, la UCR y bloques provinciales, frente a un interbloque peronista que reúne 25 rechazos firmes.
La definición quedará en manos de un puñado de legisladores de Catamarca, Tucumán, Santa Cruz y Córdoba que aún mantienen la incertidumbre sobre su postura.
Cambios en el esquema laboral
El proyecto introduce modificaciones profundas que alteran la normativa vigente del mercado de trabajo. Entre los puntos más polémicos se encuentra la caída de la ultraactividad, lo que implica que, tras un año de vencidos los convenios, se mantendrían las condiciones laborales (cláusulas normativas) pero no las obligaciones de aportes solidarios a cámaras y gremios.
Asimismo, se propone la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con el 3% de los aportes patronales que actualmente van a la ANSES, destinado a costear los despidos. En cuanto a las indemnizaciones, existe un acuerdo parcial para establecer un tope de un sueldo por año —que no supere tres veces el salario promedio— pagadero en hasta 12 cuotas para grandes firmas y 18 para pymes, con actualización por inflación más un 3% anual.
Desde los sectores aliados de la UCR, se presiona para que beneficios como el sistema de cuotas y otros incentivos del FAL sean de uso exclusivo para las pymes, excluyendo a las grandes corporaciones del beneficio. Por otro lado, el dictamen ya establece que los salarios solo podrán cancelarse en moneda nacional o extranjera, una de las tantas modificaciones introducidas para intentar garantizar el acompañamiento legislativo el próximo miércoles.