Tras la accidentada sesión especial de hoy, que en realidad nunca llegó a realizarse producto del caos que imperó en el Congreso tanto dentro como fuera de sus muros, el Gobierno redefine su estrategia para tener su ansiada reforma jubilatoria.
Una versión que sonaba con fuerza era la posibilidad de que el Gobierno decidiera avanzar con la norma por decreto, un curso de acción que de concretarse le acarrearía serios conflictos con Elisa Carrió, que en una serie de tuits despotricó contra esa alternativa: «Un DNU violaría la Constitución Nacional».
Si el camino del decreto no prosperase para preservar la estabilidad de la alianza Cambiemos que llevó a Mauricio Macri a la Casa Rosada, el oficialismo deberá elegir una nueva fecha de convocatoria a sesión especial.
En este caso, nada le garantiza que el escenario de masiva movilización en las puertas del Congreso no vuelva a repetirse, sumado a la incertidumbre acerca del número de votos que podría cosechar.
«Vamos a trabajar con las autoridades parlamentarias para ver cuándo es el mejor momento para seguir avanzando no sólo en esta discusión, sino en la implementación de un consenso amplio que se ha logrado que permite dar previsibilidad y sustentabilidad a la cuestión del Estado en la Argentina a nivel nacional y provincial», había señalado el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno.
Incluso, el funcionario desechó la posibilidad de hacer modificaciones al proyecto que tiene media sanción del Senado.
«No creemos que por la violencia de minorías muy minoritarias y violentas se tenga que modificar un debate parlamentario. Sería muy triste para la democracia que la extorsión de los violentos modifique un diálogo y un debate», sostuvo.
No obstante, se evalúa incluir un bono para compensar la pérdida que sufrirían las jubilaciones.
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