Mucho se habla de la independencia de poderes como uno de los pilares de la democracia, sin embargo, sabido es que en los hechos, las vinculaciones del Poder Judicial con los protagonistas de los poderes legislativo y ejecutivo son tan estrechas como codependientes y el uno se retroalimenta con los otros. Bien demostrado quedó esto en la intensa puja política desatada en Santa Fe por la elección de los próximos fiscales generales de Santa Fe y jefe de fiscales del Ministerio Público de la Acusación. Entre los ternados para el primero de los cargos se cuentan los camaristas Roberto Prieu Mántaras (SantaFe) y Javier Beltramone (Rosario) y la actual auditora del MPA, María Cecilia Vranichich. En tanto, para la vacante de fiscal regional de Rosario compiten María Cecilia Vranicich, Miguel Moreno ( de la unidad de Delitos Económicos) y María Eugenia Iribarren (actual fiscal regional interina). Gran indignación y muchas suspicacias despertó, en diversos sectores, la exclusión del fiscal Luis Schiappa Pietra.
El rol del jefe de fiscales
El fiscal general y los regionales son los que imprimirán las líneas de acción del Ministerio Público de la Acusación, lo cual cobra una importancia fundamental en el marco de la crítica situación en relación a la violencia y el narcotráfico que atraviesa Rosario y toda la provincia de Santa Fe. Son los jefes de los fiscales los que fijarán las pautas investigativas y, sobre todo, los lineamientos que deben seguirse cuando las pistas conducen a nombres sobresalientes de los ámbitos políticos y del poder económico.
En este punto, vale recordar lo ocurrido con el último fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal Benincasa, nombrado por la gestión del entonces gobernador Miguel Lifschitz y con escasos méritos probados para ocupar ese puesto, más allá de sus conexiones políticas.
Antes de terminar preso por ser uno de los organizadores de una asociación ilícita que recaudaba dinero del juego ilegal y que, además brindaba cobertura judicial a otro tipo de criminales a cambio de rédito económico, se ocupó de darle cobertura a los empresarios responsables del desastre ambiental ocasionado en Capitán Bermúdez por la Petroquímica Bermúdez que, durante años, mantuvo desechos contaminantes, a la intemperie en el terreno de la planta, lindera con Celulosa, esparciendo toxicidad en el suelo, las napas y el aire.
Hubo denuncia penal y acciones derivadas de la misma, como el allanamiento en la planta que verificó graves problemas: bombonas de cloro desgastadas a la intemperie, estructuras que contenían material peligroso para la salud deterioradas, tanques rotos donde se guardaban sustancias químicas como benceno, amianto y mercurio y derramamiento de estos elementos químicos en tierra. El fiscal de San Lorenzo, Juan Carlos Ledesma avanzó en la investigación pero las directivas de Serjal pusieron fin a las acción penal.
También hubo otras denuncias en relación al patrimonio del exfiscal regional que finalmente fue destituido y encontrado culpable. Lo que que faltó fue que se asumiera algún tipo de responsabilidad política por un nombramiento inexplicable.
Con este antecedente en mente, es que vale la pena poner la mirada en el nombramiento y la elección de los nombres que luego el actual gobernador Omar Perotti elevará a la Legislatura para su aprobación, porque esos nombres estarán íntimamente ligados a la diaria preocupación por la violencia y la inseguridad que se cobra vidas de rosarinos y santafesinos.
En ese sentido, los diputados Carlos del Frade y Matilde Bruera se pronunciaron sobre la exclusión del titular de la Agencia de Criminalidad Organizada, Luis Schiappa Pietra, para ocupar el cargo de fiscal regional, tras haber tenido un excelente desempeño en el concurso correspondiente, y tildaron la decisión de «escandalosa».
«La exclusión en las ternas del fiscal Luis Schiappa Pietra que investiga el crimen organizado y sus vínculos estatales es un escándalo para nuestra provincia», apuntó Bruera. «Su examen fue brillante. Algo huele mal».
En la última Junta de Seguridad, la legisladora se había expresado en relación a los próximos nombramientos, enfatizando que «una de las medidas claves para superar la crisis de inseguridad y violencia en la provincia es elegir bien al fiscal general y al regional de Rosario». «Ellos son los que diseñan la política criminal, que debe investigar los vínculos del delito con la corrupción estatal».
Asimismo, del Frade expresó que «las ternas para cubrir los cargos en las fiscalías general y regionales de la provincia de Santa Fe vuelven a mostrar el poder del PUS, del Partido Único Santafesino, la unidad de los sectores conservadores de la política, la justicia, el mundo empresarial, la iglesia y los grandes medios de comunicación». «Los que investigaron los subsidios de los senadores, el narcotráfico y el juego clandestino directamente no figuran. La ciénaga santafesina crece en forma paralela a la desigualdad y los privilegios de pocos».
Los nombres en danza
La integración de las ternas fueron elaboradas por el jurado en el Consejo de la Magistratura y ahora será el gobernador Omar Perotti y la Legislatura provincial quiénes decidirán sobre el futuro judicial de Santa Fe. El gobernador deberá optar por uno de los integrantes de cada terna y elevar esos pliegos para que los legisladores definan en el plazo máximo de 30 días.
La terna para ocupar el cargo de fiscal general quedó conformada por:
Roberto Prieu Mántaras – Camarista penal de Santa Fe
María Cecilia Vranicich . actual Auditora del MPA
Javier Beltramone – Camarista de Rosario
Asimismo, para ocupar la vacante de fiscal regional de Rosario, los nombres son:
María Cecilia Vranicich
Miguel Moreno – actual fiscal de la unidad de Delitos Complejos de la ciudad
María Eugenia Iribarren – actual fiscal regional interina
Otro cargo de gran importancia que se renueva es el del titular del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal de Santa Fe, que actualmente desempeña Jaquelina Balangione. La terna final quedó compuesta por:
Gustavo Franceschetti – actual Defensor Penal de Rosario
Estrella Moreno Robinson -actual Defensora Penal de Rafaela
Gonzalo Armas – integrante del cuerpo del SPPDP de Rosario
En tanto, para reemplazar a María Cecilia Vranicich como Auditora General del MPA, los nombres definidos son:
María Cecilia Vranicich
Leandro Mai – actual fiscal de grado en Reconquista
Juan Manuel Constantini – actual director de Aguas Santafesinas
Un «pero» de grandes dimensiones
Las alarmas de ciertos sectores de la política santafesina identificados como «progresistas» y de diversas organizaciones sociales se encendieron ante el nombre del camarista Roberto Prieu Mántaras quien, de acuerdo a las fuentes allegadas al proceso, es fuertemente impulsado por el saliente presidente de la Corte Suprema provincial, Rafael Gutiérrez y tendría el apoyo de un sector del Partido Justicialista.
Prieu Mántaras es fuertemente criticado por algunos sectores por sus fallos en casos de abuso sexual, por desoír a las víctimas y por su falta de visión de género.
Uno de los más repudiados fue su voto para revocar la sentencia a ocho años de prisión al exarzobispo Edgardo Storni por abusar de un seminarista. Pero también se recuerda su postura al revocar la condena de un hombre que abusó sexualmente de su sobrina de 12 años, aún cuando había elementos de prueba que corroboraban los testimonios de la víctima en Cámara Gesell.
Se le achaca además el fallo a favor de una psicóloga de la ONG Grávida, denunciada ante el Tribunal de Disciplina que, faltando a todas las reglas de ética profesional, se infiltró en el Hospital Iturraspe y convenció a la madre de una nena de 11 años discapacitada, que había sido violada por su padrastro, para que no interrumpiera el embarazo provocado por esa violación.
