El dueño de Techint, Paolo Rocca, prestó declaración indagatoria ante el juez federal Claudio Bonadio y en ese marco aseguró que no estaba al tanto de los pagos indebidos que admitió haber hecho al gobierno anterior el ejecutivo del grupo Luis Betnaza.
El empresario se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 para cumplir con la indagatoria en el marco de la investigación por las coimas en la obra pública.
Rocca negó tener conocimiento de los pagos que admitió Betnaza ante Bonadio y dijo que no lo sabía porque el ejecutivo tenía potestad para tomar decisiones autónomas.
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Betnaza reconoció ante la Justicia que hizo pagos ilegales a la administración de Cristina Kirchner en 2008. En su declaración ante el juez, el ejecutivo aseguró que mantuvo «varias reuniones» con la ex jefa de Estado para solicitarle «al gobierno argentino que intercediera» como mediador ante el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, por «el peligro de nacionalización» de una de las firmas que el holding liderado por Rocca tenía en ese país.
En ese sentido, dijo que los pagos habían tenido que ver con una cuestión humanitaria para salvaguardar al personal que se desempeñaba en Sidor.
Ahora, el dueño del grupo empresario se despegó de sus dichos y negó tener conocimiento de los sucesos, que atribuyó a Betnaza y a otro director de Techint, Héctor Zabaleta, quien en la causa tiene falta de mérito.
Al ser consultado en la indagatoria sobre cómo se hicieron los pagos, Rocca señaló que fueron realizados con fondos pertenecientes a los dividendos de los socios.
El dueño de Techint no aparece mencionado en los cuadernos de Oscar Centeno, pero fue señalado por el financista Ernesto Clarens, quien también declaró ante el magistrado, por entregar supuestas coimas durante la gestión anterior.
Domiciliaria para Lascurain
En el marco de la causa, la Cámara Federal le concedió la prisión domiciliaria al ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain, detenido en el caso de las coimas en la obra pública. Entonces, la Cámara decidió otorgarle el beneficio por una cuestión de salud.
El Tribunal afirmó que existen dispositivos, como GPS o pulseras electrónicas, que permiten que «de modo eficiente» se pueda asegurar que el Lascurain cumpla con su detención «de manera estricta».
