El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) reiteró una vez más su repudio por la implementación en Mendoza del “Ítem Aula”, al cumplirse tres años de la aplicación de este instrumento represivo que castiga fundamentalmente el ejercicio de la libertad sindical, descontando sumas excesivas del salario de los docentes de esa provincia.
El gremio demandó al Estado mendocino ante la Corte Suprema de Justicia de esa provincia, sin obtener eco ni reconocimiento de los derechos de los docentes defendidos por el sindicato de los educadores privados en dicha demanda.
Sadop recurrió a la Organización Internacional del Trabajo (OIT),a traves de su organismo de representación internacional regional, la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Educación y la Cultura (Flatec), que con la intervención del Comité Internacional de la Libertad Sindical, censuró al Estado argentino por la conducta de Mendoza, conminándolo a reducir los excesivos descuentos que dispone la aplicación del “Ítem Aula”, ante el simple ejercicio de un derecho sindical.
«No obstante esta censura de la OIT -señaló Sadop- el Gobierno mendocino, a tres años de su instrumentación, continúa con la aplicación de este instrumento represivo, lo cual significa un verdadero atentado al derecho de la integridad salarial de los trabajadores de la educación y además una rebeldía injustificada contra el orden laboral internacional, que seguramente le ocasionará al Estado argentino múltiples inconvenientes», sostuvieron.
Según la dirigencia de los docentes privados, a esta medida se le sumó de parte del Ejecutivo cuyano, «la imposición de multas a las organizaciones gremiales que disponen medidas de acción en las calles, lo cual significa un acto persecutorio más contra la libertad sindical y la libertad de los ciudadanos».
Por último, Sadop reclamó al Gobierno de Mendoza, y la Autoridad de aplicación laboral nacional, que «asuma la conducta propia y responsable en el marco del Estado de Derecho, deje de lado las conductas represivas y reconozca el derecho de los trabajadores y sus organizaciones a manifestarse y ejercer sus derechos en el marco de la Constitución Nacional y los tratados internacionales».
