Tras la represión y otra derrota legislativa en el Congreso, el Gobierno denunció penalmente a los manifestantes
La presentación fue realizada ante la Justicia Federal por Germán Pugnaloni y Lisandro Franco, funcionarios de la cartera de Seguridad, que conduce Alejandra Monteoliva. El Ministerio solicitó la "inmediata investigación y posterior detención de los responsables" por los hechos ocurridos el 6 de agosto.
Tras la frustración por no haber conseguido aprobar los capítulos clave del proyecto, el gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Seguridad, denunció penalmente a los manifestantes tras los incidentes este jueves frente al Congreso durante la protesta contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que se debatía en el Senado, por delitos que podrían implicar penas de hasta 30 años de prisión.
La presentación fue realizada ante la Justicia Federal por Germán Pugnaloni y Lisandro Franco, funcionarios de la cartera de Seguridad, que conduce Alejandra Monteoliva. El Ministerio solicitó la «inmediata investigación y posterior detención de los responsables» por los hechos ocurridos el 6 de agosto.
En concreto, la denuncia plantea la posible comisión de los delitos de atentado al orden constitucional y a la vida democrática, daño agravado, atentado a la autoridad agravado y resistencia a la autoridad. Además, sostiene que todos ellos podrían quedar alcanzados por el agravante contemplado en el artículo 41 quinquies del Código Penal.
La figura más severa mencionada es la del artículo 226, que establece penas de entre 5 y 15 años para quienes se «alcen en armas», entre otros objetivos, para impedir al menos temporalmente el libre ejercicio de las facultades constitucionales de un poder público.
El artículo 41 quinquies, por su parte, duplica el mínimo y el máximo cuando un delito es cometido con la finalidad de obligar a autoridades públicas a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Por lo tanto, de aplicarse conjuntamente ambas normas bajo la interpretación impulsada en la denuncia, la escala podría elevarse a entre 10 y 30 años.
En este sentido, la propia denuncia explica que los delitos postulados, entre ellos los del artículo 226, «podrían encontrarse agravados por haber sido cometidos con la finalidad de compeler a las autoridades públicas nacionales a abstenerse de cumplir con sus cometidos funcionales y constitucionales (art. 41 quinquies del CP)».
Según la denuncia, durante la movilización hubo manifestantes que arrojaron «piedras, escombros y otros objetos contundentes» contra las fuerzas de seguridad, además de roturas de baldosas y bancos públicos, daños a vehículos policiales y efectivos lesionados. El Ministerio sostiene que estos episodios podrían haber buscado «inhibir y/u obturar, en forma parcial o plena, la actividad legislativa».
La presentación pidió preservar registros fílmicos, identificar a los participantes y determinar los daños ocasionados. También reclamó investigar a quienes hubieran colaborado, participado o instigado los hechos y a las eventuales organizaciones que pudieran encontrarse detrás de ellos.
EL SALDO DE LA REPRESIÓN: 1.500 HERIDOS Y 28 DETENIDOS
La jornada de protesta contra el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada terminó con un fuerte operativo de las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Congreso.
Según informó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), 28 personas fueron detenidas: 21 por la Gendarmería Nacional y la Policía Federal, y otras siete por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
La represión comenzó alrededor de las 16.30, mientras el proyecto oficialista era tratado en el Senado. De acuerdo con la CPM, efectivos de la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería que se encontraban detrás del vallado avanzaron contra los manifestantes y utilizaron gases lacrimógenos, otros agentes químicos y camiones hidrantes. El organismo calificó el operativo como una de las jornadas represivas «más violentas y extendidas en tiempo y distancia» de los últimos años.
Heridos, lesionados detenidos es el saldo de una feroz represión contra miles y miles de manifestantes en #Argentina que realizaron una marcha pacífica donde sólo se veía un mar de banderas bajo la consigna “La patria no se vende”, y se encontraron ante un enorme operativo… pic.twitter.com/5jAQVde8iE
— David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) August 7, 2026
El operativo continuó durante varias horas y se extendió por distintas calles del centro porteño. El organismo definió el procedimiento como un «acto de intimidación» cuyo objetivo era dispersar a quienes participaban de la protesta.
Durante la noche, la intervención policial se trasladó hacia otros puntos de la Capital Federal. La policía motorizada avanzó mientras un camión hidrante bloqueaba una de las posibles salidas, dejando a personas atrapadas entre ambos dispositivos.
La represión alcanzó incluso zonas alejadas del Congreso, como la avenida 9 de Julio, donde se registraron disparos de balas de goma en medio del tránsito y afectaron también a personas que regresaban a sus casas o circulaban por el lugar.
En medio del operativo, una fotógrafa que cubría la movilización resultó herida tras recibir un golpe en la cabeza y tuvo que esperar una ambulancia en la intersección de Lima y Avenida de Mayo.
La protesta había sido convocada para rechazar el proyecto oficial, luego de que el Gobierno retirara del texto el capítulo referido a la modificación de la Ley de Tierras.