Fayt participó de su último acuerdo como juez, celebrado en la Corte Suprema de Justicia, junto con sus pares Ricardo Lorenzetti, presidente del cuerpo; Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco.
A partir de mañana, y tal cual lo había informado en septiembre pasado, Fayt deja su cargo como integrante de la Corte Suprema de Justicia, varias horas después de que Cristina Kirchner finalice su presidencia.
La renuncia de Fayt a la Corte se dio luego de varios encontronazos del Gobierno para con el magistrado o bien con el Tribunal en pleno, y ahora, con la asunción de Mauricio Macri como presidente de la Nación se empezarán a buscar los reemplazos a los cuatro puestos vacantes.
Es que, previo a la renuncia de Fayt, otros sucesos habilitaron cargos disponibles en la Corte Suprema. Por un lado, los fallecimientos, durante su ejercicio, de Carmen Argibay y Enrique Petracchi. A estos tristes acontecimientos se le sumó luego, la renuncia de Raúl Eugenio Zaffaroni a fines del año pasado, quien decidió hacerla efectiva al cumplir los 75 años, edad tope establecida por la Constitución Nacional para ejercer el cargo.
Precisamente ese fue uno de los principales cuestionamientos que, desde el Gobiern,o se le hacía a Fayt, ya que su avanzada edad supera ampliamente los plazos establecidos por la Carta Magna para que los jueces supremos se jubilen. En su caso, el magistrado continuó en su cargo merced a un fallo judicial que lo habilitó a proseguir en funciones.
Ese artículo de la Constitución es parte de la reforma que se introdujo en 1994, y establece que, superados los 75 años, los magistrados sólo pueden seguir con un acuerdo del Senado durante cinco años más, y así sucesivamente.
Sin embargo, Fayt presentó una acción de amparo alegando que su ingreso a la Corte Suprema fue previo a la reforma constitucional, y con ese argumento prorrogó sus funciones hasta la actualidad.
El cargo de Fayt estuvo bajo la lupa en los últimos meses a tal punto que una subcomisión de juicio político en la Cámara de Diputados avanzó con la intención de certificar el estado de salud del juez, aunque luego la iniciativa quedó en la nada.
Desde que quedaron vacantes los tres cargos supremos anteriores, no hubo acuerdos entre el gobierno y la oposición para cubrir ninguno, pese a los intentos, desde el Poder Ejecutivo de designar sucesores.
Las última propuestas presentadas por el Gobierno fueron las de Roberto Carlés, el abogado que estuvo a cargo de la Comisión para la elaboración de las reformas del Código Penal, quien obtuvo varias impugnaciones, Domingo Sesin, integrante del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, y Eugenio Sarrabayrouse, integrante de la Cámara Nacional de Casación Penal.
