La vicepresidenta Victoria Villarruel anunció que presentó una denuncia y un pedido ante la Justicia para ser querellante en la causa por los daños sufridos en los edificios del Senado y señaló que «quien comete un delito debe responder» por los mismos.

Se suma así a la presentación como querellante del Ministerio de Seguridad de la Nación por la denuncia contra manifestantes que fueron reprimidos durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires requirió cargar en los que protestaron los costos de reparación y operativo de seguridad.

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A través de las redes sociales, Villarruel comunicó que «presentamos hoy ante el Juzgado de la jueza (María) Servini de Cubría nuestra denuncia y la solicitud para ser querellantes por los daños sufridos en los edificios históricos del Senado de la Nación hace dos días. Se terminó el país de los violentos. Quién comete un delito, debe responder».

La vicepresidenta había anticipado que iban a «denunciar a los delincuentes que atentaron contra las instituciones de la democracia. Vamos a hacerles pagar todos los daños materiales dirigidos hacia los edificios históricos y veredas del Congreso Nacional. La Argentina de la sedición y la anarquía terminó».

Ciudadanos, organizaciones de Derechos Humanos, sindicatos, entre otros, realizaron una marcha el miércoles pasado para protestar contra la sanción de la Ley Bases y Paquete Fiscal, y fueron ferozmente reprimidos por las fuerzas de seguridad nacionales.

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En un comunicado, se informó que «la causa de la denuncia es por el intento de interrumpir la sesión que se estaba llevando a cabo en el Honorable Senado de la Nación, el día miércoles 12 de junio, cuando estaba en curso la sesión ordinaria donde se trataba el Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión, sobre Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos».

También se informó que el Senado de la Nación realizó un relevamiento presupuestario por los daños ocasionados al edificio de la Cámara y al anexo del mismo.

En ese sentido, precisó que «los delitos que se le adjudican a los responsables son daños simples y agravados, delitos contra la seguridad pública, instigación a cometer delitos de intimidación pública, incitación a la violencia colectiva contra las instituciones, organizaciones o pertenencias que tengan por objeto imponer ideas o cometerlas por la fuerza o por el temor».