El anuncio del mandatario Mauricio Macri sobre el veto a la ley antidespidos generó hoy una catarata de cuestionamientos de parte de dirigentes de la oposición, aunque referentes del oficialismo cerraron filas en defensa de la decisión presidencial.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, justificó la medida y explicó que la ley «tiene que ver más con especulación política que con la intención de verdad de ayudar a los trabajadores».
El funcionario defendió la postura oficial y señaló que está en «la agenda de darle estímulos a las Pymes, instalar el plan primer empleo para las jóvenes y generar trabajo a través de la obra pública».
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en la misma línea, expresó que el veto fue «una decisión que parte de la convicción y el compromiso que tiene el Presidente de decirle la verdad a los
argentinos, no tomar mentiras demagógicas, no mentir».
«Crear empleo que es la única forma para disminuir la pobreza, que es uno de nuestros objetivos», remarcó Frigerio.
En declaraciones a radio La Red, el ministro destacó que «en estos últimos cinco meses todo lo que se hizo fue generar condiciones para lleguen inversiones» y sostuvo que el kirchnerismo impulsó la norma «porque quiere que al Presidente le vaya mal».
A su turno, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, defendió la medida al señalar que la ley «no es nada favorable para los trabajadores».
«Es la coherencia que tiene este Gobierno, el Presidente lo había manifestado desde un principio que esta ley no favorecía a los trabajadores, y menos a los que están en la informalidad», aseguró Triaca.
En tanto, el presidente del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, anticipó que su espacio buscará «ratificar la aprobación».
«Tomaremos los recaudos dentro de la ley para poder ratificar la aprobación, aunque sabemos que en Diputados es más difícil que en el Senado», enfatizó el legislador y advirtió que la decisión de Macri «no aporta en absoluto al diálogo político que tanto predica y declama pero que no practica».
«Me hubiese gustado explicarle al presidente que el derecho de los trabajadores no destruye empleo sino los planes económicos», evaluó el jefe del bloque opositor en un comunicado.
El Partido Justicialista por su parte manifestó su «preocupación» por el veto y afirmó que «no permanecerá callado ni será testigo mudo cuando se pretenda avasallar el orden institucional» y «perjudicar a los trabajadores».
En un comunicado, el PJ subrayó que el jefe de Estado «vuelve a demostrar su poco apego al respeto por las instituciones» y dijo que «lamenta profundamente la decisión adoptada por el Presidente de apelar al veto de la Ley que defiende a los trabajadores ante despidos y suspensiones».
El diputado nacional del bloque Justicialista Diego Bossio, por su parte, cuestionó la decisión de Macri y evaluó que «lesiona la ¡convivencia democrática».
En su cuenta de la red social Twitter, Bossio evaluó que «es un día triste para los trabajadores» y sostuvo que «cada despedido recordará a partir de hoy la decisión tomada por el Presidente».
«El Gobierno de Macri expresa un preocupante desprecio por el Congreso de la Nación y su decisión soberana, sobre todo considerando que vetó una ley aprobada por mayoría en las dos
Cámaras legislativas», señaló el diputado nacional.
Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica Fernando Sánchez indicó que «nadie quiere vetar una ley del Congreso», pero que «si la ley es mala, el veto es un acto de responsabilidad».
El legislador de Cambiemos subrayó en un comunicado que «el veto es una facultad constitucional del Presidente y, por lo tanto, él es dueño de ponderar el momento para utilizarla».
«La llamada ´ley antidepidos´ es, en realidad, una ley contra el empleo», agregó Sánchez.
La diputada de Libre del Sur, Victoria Donda, aseguró que «con el veto a la ley Macri deja claro que no le interesa lo que sufre la gente, ni lo que opine el Parlamento».
«Macri está echando por la borda buena parte de las promesas que lo llevaron al Gobierno, empezando por aquellas que hablaban de respeto a las instituciones republicanas y siguiendo por las que prometían prosperidad para los argentinos que viven de su trabajo», consideró Donda en un comunicado.
En tanto, el jefe de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, dijo que el veto «es legal, pero no es legítimo», porque -según entendió-«todos los trabajadores quieren» que esa norma se mantenga.
«Esto no está bien y no ayuda a la democracia y vetarla mucho menos. Si bien es legal, no es legítimo. Está fuera de toda legitimidad porque todos los trabajadores quieren que esa ley salga y además el Parlamento votó con mayoría bastante amplia», añadió el gremialista.
