Debate caliente y acusaciones cruzadas: avanza la discusión del proyecto de Reforma Laboral en el Senado de la Nación

Durante la sesión especial en la Cámara de Senadores, la representante de Neuquén, Julieta Corroza, adelantó su voto positivo en general al proyecto de reforma laboral, argumentando que Argentina necesita «actualizar las reglas que hoy desalientan la contratación formal», especialmente en las pequeñas y medianas empresas.

La legisladora sostuvo que una ley con 50 años de antigüedad ya es «obsoleta» frente a los cambios tecnológicos y productivos, y enfatizó que «modernizar el marco normativo no es ceder derechos, al contrario, es garantizar y poder generar previsibilidad». Corroza utilizó el ejemplo de su provincia, destacando la transición de planes sociales a empleo genuino y el rol de Vaca Muerta en la economía nacional.

Sin embargo, la senadora marcó límites claros a su acompañamiento. Aclaró que se abstendrá en la votación particular de ciertos títulos, específicamente aquellos referidos al «banco de horas y el componente remunerativo», por considerar que afectan la productividad de Vaca Muerta.

«Defender Vaca Muerta no es defender una roca, es defender a los trabajadores que todos los días la hacen producir», sentenció Corroza. Para cerrar, instó a buscar un equilibrio, asegurando que el desarrollo «no se construye enfrentando al trabajador con la inversión, se construye articulando».

Durante la sesión pública especial, el senador de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, defendió el proyecto de modernización laboral impulsado por el oficialismo, calificándolo como un «momento histórico» para reformar una legislación de hace 50 años. En un discurso de fuerte tono confrontativo, el legislador apuntó contra las gestiones anteriores y los gremios, asegurando que la iniciativa busca terminar con lo que denominó la «industria del juicio».

Atauche sostuvo que el proyecto tiene como objetivo resolver la falta de empleo y la informalidad, argumentando que la alta litigiosidad laboral ha funcionado como una «asociación ilícita» entre políticos, jueces y abogados para «extorsionar a las pymes». En esa línea, defendió la eliminación de multas a empleadores y la imposición de límites a los peritos judiciales.

En uno de los pasajes más polémicos de su alocución, el senador jujeño atacó directamente a las organizaciones gremiales. «Atacamos también a los sindicatos, que también son parte de esa mafia que apañó el peronismo», disparó, acusándolos de no representar a los trabajadores y de enriquecerse a costa de ellos.

Asimismo, el legislador destacó la incorporación de una lista de «servicios esenciales» que deben garantizar un 75% de prestación mínima, incluyendo la educación, el transporte y la actividad aeronáutica, una medida que limita el derecho a huelga en dichos sectores. Atauche concluyó afirmando que la ley busca «cerrar la brecha» entre trabajadores y emprendedores, cambiando la cultura del trabajo en el país.

Durante la sesión especial en la Cámara Alta, el senador Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza) realizó una férrea defensa de las modificaciones a la legislación laboral, argumentando que el marco normativo actual, específicamente la Ley 20.744, ha quedado obsoleto frente a las nuevas realidades tecnológicas. «El país para el que fue dictada esa ley ya no es el mismo. Se dictó cuando no había internet ni inteligencia artificial», sostuvo el legislador.

En su intervención, Pagotto apuntó duramente contra lo que denominó la «industria del juicio laboral», asegurando que el sistema actual no beneficia necesariamente a los trabajadores, sino a los intermediarios legales. Para graficar la situación, el senador riojano señaló que en su provincia las únicas estructuras judiciales que crecieron fueron los juzgados laborales y cuestionó: «Me gustaría preguntarles a los trabajadores cuánto de las indemnizaciones superinfladas han recibido ellos y cuántos reciben algunos estudios jurídicos».

El legislador oficialista rechazó las críticas sobre la supuesta pérdida de derechos, afirmando que la reforma busca dar «trazabilidad y seguridad» para combatir el empleo en negro y la falta de aportes. En esa línea, envió un mensaje directo a las organizaciones gremiales: «Los sindicatos tienen que aggiornarse, tienen que entrar en la modernidad», sentenció, sugiriendo que las estructuras sindicales deben adaptarse al «mundo de hoy».

Finalmente, Pagotto criticó la generación de empleo estatal como una forma de «militancia rentada» utilizada por gobiernos anteriores para maquillar los índices de desocupación. Al cerrar su alocución, reconoció que aunque la normativa propuesta puede tener imperfecciones, es necesaria para salir del estancamiento: «Esta es la ley posible. Veámosla caminar y veamos si se soluciona o no», remarcó.

Durante la sesión especial en la Cámara Alta, la senadora Juliana Di Tullio lanzó una dura crítica al proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo, calificándolo como una imposición externa y un retroceso histórico para la clase trabajadora.

En su intervención, la legisladora peronista desmintió que la normativa vaya a generar empleo de calidad: «Una ley no genera empleo de calidad. Es empírico, lo saben. Cada vez que se reformó y se reventaron los derechos de los trabajadores hubo más desempleo y más precarización». Di Tullio subrayó que la iniciativa responde directamente a las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que, según denunció, también está pidiendo una revisión integral del sistema de pensiones para finales de 2026.

La senadora desglosó los puntos más polémicos del proyecto, alertando que bajo el eufemismo de «jornada moderna» se esconde el fin de las horas extras, obligando a trabajar hasta 12 horas sin remuneración adicional. Asimismo, criticó la reducción de las indemnizaciones mediante la exclusión del aguinaldo y otros ítems del cálculo, y la flexibilización de las vacaciones, que pasarían a ser decididas unilateralmente por el empleador.

«Cuando ustedes le quitan todos los derechos a los trabajadores eso es explotación, no es trabajo, no es progreso», sentenció Di Tullio. Además, advirtió sobre la gravedad de derogar el Estatuto del Periodista, considerando que la libertad de expresión ha sido un «escudo para la democracia» y que esta medida busca desproteger a quienes investigan al poder.

Sobre el cierre, la senadora convocó a «no dejarse atrapar por el terrorista emocional de la sociedad argentina que es el presidente Milei» y llamó a «resistir» para defender los derechos conquistados

Durante la sesión pública especial celebrada este miércoles, el senador Agustín Monteverde realizó una férrea defensa del proyecto de «mega reforma» impulsado por el oficialismo, lanzando duras críticas hacia el sistema vigente y el rol de los sindicatos.

En su intervención, el legislador calificó a la actual normativa del trabajo como un «régimen laboral verdaderamente siniestro» que ha generado «milagros» negativos, tales como «salarios pobres pero costos laborales para el empleador desorbitados». Según Monteverde, el sistema actual «no le sirve absolutamente a nadie, salvo a los que viven de hablar del trabajador».

El senador desestimó las acusaciones de la oposición sobre la pérdida de derechos, calificándolas de «terrorismo parlamentario». En este sentido, fue categórico al afirmar que «la indemnización sigue siendo un salario por año trabajado» y que el proyecto busca dar previsibilidad, reducir multas y «acabar con la industria del juicio».

En un pasaje de alto voltaje político, Monteverde cuestionó directamente a las entidades gremiales frente a los altos índices de trabajo en negro: «Con un país que tiene prácticamente la mitad del empleo en la informalidad, uno se pregunta: ¿qué cuernos es lo que defienden los sindicatos hoy? ¿A quién están defendiendo si son entidades que poco a poco van colapsando?», lanzó.

Finalmente, el legislador defendió las modificaciones tributarias argumentando que «bajar la carga fiscal, lejos de provocar una caída sostenida de la recaudación, aumenta la actividad y aumenta la recaudación» debido al blanqueo de unidades económicas. «La Argentina solo puede salir con más trabajo, y más trabajo se consigue solamente con más inversión», concluyó.

Durante la Sesión Pública Especial en la Cámara Alta, la senadora Silvana Schneider ratificó su acompañamiento a la ley de modernización laboral con un duro diagnóstico sobre la situación social y económica del país, y en particular de su provincia, Chaco.

«Hoy no estamos discutiendo una ley más. Hoy estamos discutiendo si la Argentina se anima a cambiar un modelo que claramente fracasó», comenzó su alocución la legisladora. Según Schneider, la Ley de Contrato de Trabajo, con más de 50 años de vigencia, «fue gestada con una realidad de país que ya no existe» y la evidencia demuestra que el sistema actual derivó en mayor desempleo y pobreza.

La senadora apuntó contra las gestiones anteriores, señalando que «el modelo que defendieron gobernó la Argentina 16 de los últimos 20 años y fracasó en generar empleo genuino». Hizo hincapié en la realidad chaqueña, describiéndola como «la provincia más pobre del país», con graves falencias en acceso al agua potable e infraestructura.

Para cerrar su intervención, Schneider aseguró que la iniciativa en debate «no quita derechos, quita obstáculos» y otorga la previsibilidad necesaria para que retornen las inversiones. «No vine a este Senado para administrar la decadencia, vine a cambiarla», sentenció, confirmando su voto positivo para «construir un país que funcione».

El senador Jorge Capitanich rechazó de plano la iniciativa legislativa tratada en el recinto, calificándola como una «reforma tributaria amplia encubierta» y denunciando que el proyecto es violatorio de la Constitución Nacional, específicamente del artículo 14 bis y del Convenio 169 de la OIT sobre comunidades originarias.

Durante su alocución, el legislador trazó un paralelismo histórico entre el actual paquete de medidas y la legislación impulsada durante la dictadura militar por José Alfredo Martínez de Hoz. Recordó que leyes como la 21.297 y la 21.261 tuvieron como objetivo «impedir el derecho a huelga» y «generar condiciones para una flexibilización normativa», lo que resultó en una caída del salario y un aumento del desempleo. «Recetas equivalentes no pueden producir resultados cualitativamente diferentes», sentenció.

Capitanich también expuso las contradicciones del modelo económico libertario. Cuestionó que, mientras se autodenominan liberales, el Ejecutivo interviene activamente para licuar los ingresos de los trabajadores: «¿Por qué no liberan el precio de los bienes y servicios? ¿Por qué no liberan todo si son liberales en serio? Pero al único que pretenden perjudicar es al trabajador poniendo un salario mínimo que ajusta muy por debajo de la inflación», lanzó.

Finalmente, el senador cerró su discurso marcando la postura de su bloque frente a la puja distributiva: «Tenemos dos posiciones: los que estamos por el lado de los débiles para defenderlos y los que están, como siempre, defendiendo a los fuertes porque ellos siempre se defienden solos».

Durante la sesión especial en el Senado, la legisladora del bloque Convicción Federal, Carolina Moisés, adelantó su voto negativo a la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo, argumentando que la normativa carece de una visión de futuro y no atiende la realidad económica del interior del país. En un discurso cargado de críticas tanto al oficialismo como a su propia fuerza política, la senadora jujeña sostuvo que la iniciativa «no genera trabajo genuino» ni resuelve la alta informalidad que afecta a las provincias del norte.

«Esta ley no le resuelve un solo problema a los laburantes de Jujuy. Si estamos mal en el mundo del trabajo, con esta ley vamos a estar peor», sentenció Moisés, quien describió la dramática situación de su provincia, donde la precariedad laboral ronda la mitad de la población económicamente activa. Asimismo, cuestionó la falta de protección para los nuevos modelos de empleo y la ausencia de regulación sobre la inteligencia artificial, calificando de «farsa» la supuesta modernización que pregona el Gobierno.

En un tono de fuerte autocrítica, Moisés también apuntó hacia el peronismo y el sindicalismo, reconociendo que «no pudieron estar a la altura de las circunstancias» para proponer una reforma moderna cuando fueron gobierno. «El peronismo se fue reduciendo a un debate de cúpulas y ha perdido el vínculo con el trabajador real», admitió, señalando que gran parte de la masa laboral hoy no se siente representada por el modelo sindical tradicional.

Finalmente, la senadora denunció haber sufrido «aprietes espantosos» y campañas de desprestigio por parte de sectores de su propio espacio político debido a sus posturas legislativas, pero ratificó que su voto responde únicamente a los intereses de sus coprovincianos.

Durante su intervención en la sesión pública especial del Senado, el senador Maximiliano Abad analizó la crítica situación económica del país, describiendo una «Argentina estancada» en la cual el producto bruto per cápita cayó un 10% en los últimos 15 años y donde la mitad de los trabajadores se encuentra en la informalidad.

El legislador se definió como «reformista» y manifestó su apoyo a la iniciativa de modernización laboral, argumentando que la alta litigiosidad empuja a las pymes a la quiebra y que es urgente transformar el «costo argentino», al que calificó como una «maraña impositiva, burocrática y logística».

Sin embargo, Abad advirtió sobre la necesidad de realizar correcciones al Régimen de Incentivo para las Medianas Inversiones (RIMI). Al respecto, señaló que se deben subsanar «imprecisiones para no desfinanciar las provincias» y evitar arbitrariedades en la selección de proyectos.

Finalmente, el senador confirmó que acompañará la ley en términos generales, abogando por una democracia que combine «el pragmatismo con los principios republicanos», aunque adelantó que votará algunos títulos de forma negativa

Durante la sesión pública especial en el Senado, la senadora por Santa Fe, Carolina Losada, realizó una férrea defensa del proyecto de ley en debate y lanzó duras críticas hacia el bloque opositor, a quienes acusó de «desinformar» y de defender una legislación obsoleta.

En su intervención, Losada refutó los argumentos que calificaban la iniciativa como una legalización de la esclavitud, asegurando que la verdadera precarización se encuentra en el sistema actual. «Si no tenemos gente que está trabajando en blanco, estamos teniendo gente esclava sin derechos», sentenció la legisladora, remarcando que actualmente casi la mitad de los trabajadores en Argentina lo hacen en la informalidad, cifra que escala al 70% en la franja etaria de 16 a 24 años.

La senadora argumentó que las pequeñas empresas y comercios evitan contratar personal por miedo a la «litigiosidad», la cual, según sus palabras, termina provocando el cierre de pymes y dejando familias en la calle. En este sentido, cuestionó a la oposición por estar desconectada de la realidad productiva: «Parece que el único contacto con el exterior que tienen es en un escritorio de un sindicalista amigo con el que toman champagne».

Finalmente, Losada insistió en la necesidad de modernizar una normativa laboral que data de la década del 70 y que no contempla nuevas modalidades como los trabajadores de plataformas. «No podemos hablar de una ley que sirva para los trabajos de hoy ni para los de mañana con una ley de los años 70», concluyó.

La senadora nacional por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, lanzó una dura crítica contra la Ley Bases en el recinto, calificando a la normativa y al gobierno de Javier Milei como «una gran estafa». Durante su intervención, la legisladora denunció que el oficialismo, lejos de combatir a la «casta», terminó cediendo ante los grandes grupos económicos: «¿A quién están protegiendo? ¿A los laburantes? ¿A los jubilados? Se arrodillaron ante todos los que decían combatir», lanzó.

Fernández Sagasti trazó un paralelismo histórico con la Ley Banelco del año 2000, advirtiendo que los conceptos de esta «supuesta modernización laboral» son idénticos a los que impulsó el gobierno de De la Rúa, los cuales derivaron en la crisis de 2001. «Es una estafa semántica», sentenció, argumentando que bajo el pretexto de la modernidad se esconden retrocesos históricos que buscan volver a condiciones laborales de 1913.

Uno de los ejes centrales de su discurso fue la falta de preparación de la ley ante el avance de la tecnología. La senadora alertó que, mientras el mundo debate la reducción de la jornada laboral y la renta universal ante el reemplazo de mano de obra por la Inteligencia Artificial, el Gobierno propone «vacaciones en cuotas» y un sistema arcaico.

«Hablan de modernización cuando lo que están haciendo es legalizar la esclavitud digital», disparó Sagasti, en referencia a la exclusión de derechos para los trabajadores de plataformas y aplicaciones. Definió al modelo propuesto como un «darwinismo social con wifi», donde se desprotege al trabajador frente a un futuro dominado por algoritmos y se ataca la organización sindical, única herramienta capaz de disputar la distribución de la productividad tecnológica

En una encendida intervención en el Senado, la legisladora peronista Florencia López denunció que el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional no busca modernizar el empleo, sino «hacer añicos toda la doctrina del derecho laboral» y desproteger completamente a los trabajadores. Para la senadora, la normativa ignora la asimetría natural entre patronal y empleado, buscando imponer una lógica regresiva que resumió bajo la frase: «Si te gusta bien y si no te vas».

López detalló los puntos más críticos de la ley, alertando sobre la eliminación de la jornada de 8 horas —que podría extenderse a 12 sin pago de horas extras mediante el «banco de horas»— y la quita de conceptos como el aguinaldo y premios en el cálculo de las indemnizaciones, las cuales ahora podrían pagarse hasta en 12 cuotas. Asimismo, cuestionó la creación del Fondo de Cese Laboral (FAL), afirmando que permitirá que «las grandes empresas puedan despedir gratis» utilizando fondos de la seguridad social que pertenecen a los jubilados.

Finalmente, la senadora riojana vinculó esta reforma con una matriz filosófica que busca extirpar conceptos fundamentales de la legislación argentina. «Eliminaron de la ley de contrato de trabajo la palabra dignidad del trabajador y la palabra justicia social», denunció López, asegurando que el peronismo resistirá junto a los trabajadores frente a lo que consideró un retroceso a condiciones del siglo XIX.

El senador rionegrino denunció que el proyecto del oficialismo busca «precarizar a los trabajadores» y cuestionó el regreso a un modelo de país similar al de 1880, sin derechos sociales ni laborales.

Durante su intervención en la sesión especial del Senado, Martín Soria lanzó duras críticas al proyecto de modernización laboral impulsado por el Poder Ejecutivo. El legislador calificó la iniciativa como un «mamarracho» que atenta contra derechos esenciales como la jornada laboral y las vacaciones, advirtiendo que las reformas procesales introducidas en el texto esconden un objetivo claro: facilitar desvinculaciones masivas.

«Esta ley es un plan de despido masivo para las grandes empresas», fustigó Soria, señalando que los artículos referidos a los cambios en la justicia laboral son los que verdaderamente «desnudan el espíritu» de la norma al habilitar mecanismos que dilatan los procesos de reclamo de los trabajadores.

El senador también cuestionó la falta de transparencia en el debate, asegurando que se constituyeron comisiones de manera ilegal y que muchos legisladores oficialistas ni siquiera conocen el texto definitivo del proyecto. En este sentido, denunció una contradicción fundamental en el discurso del Gobierno: «Hablan de modernización laboral y la contradicción es total; nos quieren llevar a la Argentina de 1880, donde las mujeres no votaban y no había vacaciones pagas».

Finalmente, Soria vinculó el contenido de la ley con la figura de Federico Sturzenegger, a quien señaló como «la mano que mece la cuna» detrás de una desregulación que, según los datos que aportó, ya provocó el cierre de más de 21.000 empresas y la pérdida de 270.000 puestos de trabajo. «Nosotros estamos del lado de la producción y de un modelo que respete a las economías regionales que están fundiendo», concluyó.

Durante la sesión especial en la Cámara Alta, el senador Joaquín Benegas Lynch reivindicó la transformación impulsada por el Gobierno, calificándola como un proceso político, cultural y «sobre todo moral». El legislador sostuvo que la ley de modernización laboral no es una mera descripción técnica, sino un pilar estructural para transparentar y liberar el ámbito del trabajo, estableciendo reglas claras para quienes producen.

En su intervención, Benegas Lynch rechazó las visiones que posicionan a trabajadores y empresarios como adversarios, afirmando que en realidad son «socios naturales» que generan riqueza a través de la inversión y el riesgo de capital. Bajo esta premisa, el senador argumentó que el intervencionismo estatal y lo que denominó «fascismo peronista» han sido los responsables de la decadencia argentina en los últimos 110 años.

Finalmente, el senador instó a sus pares a acompañar la normativa inspirada en las ideas de Juan Bautista Alberdi, proponiendo un modelo de «Estado limitado, bajos impuestos y mercado laboral flexible». Para fundamentar su postura, citó ejemplos de países como Alemania, Austria y Chile, asegurando que el progreso solo es posible con «menos Estado y más libertad».

El senador nacional Adán Bahl manifestó su firme rechazo al proyecto de reforma laboral en la Cámara Alta, calificándolo como un «frankenstein normativo» que, bajo la apariencia de una actualización necesaria, representa en realidad un claro esquema de ajuste y flexibilización. Según el legislador, la iniciativa no busca potenciar la inversión ni la generación de empleo genuino, sino facilitar las desvinculaciones en un contexto económico crítico marcado por la caída de la actividad industrial y el consumo.

Durante su intervención, Bahl puso el foco en la implementación del Fondo de Cese Laboral (FAL), denunciando que esta herramienta vacía de contenido la Ley de Contrato de Trabajo al eliminar el carácter disuasorio de las indemnizaciones. Asimismo, advirtió con preocupación que este sistema se financiará con recursos de la ANSES, utilizando «la plata de nuestros jubilados» para costear los despidos. El senador concluyó señalando que la normativa aumentará la litigiosidad y la incertidumbre, ya que muchos de sus artículos no superarán un test de constitucionalidad, perdiendo así una oportunidad histórica para acompañar verdaderamente a quienes producen y trabajan en el país.

En el marco de la sesión especial en el Senado, la legisladora santacruceña fundamentó su voto negativo al proyecto oficialista. Denunció la falta de consenso, el carácter «tramposo» de la ley y defendió el concepto de justicia social como eje de la democracia.

Durante su intervención en la Cámara Alta, la senadora Alicia Kirchner expresó su profunda preocupación por el dictamen de reforma laboral, al que calificó no como una modernización, sino como una «regresión o precarización laboral». Kirchner señaló que el proyecto llega al recinto sin haber sido discutido lo suficiente y advirtió que el modelo económico propuesto no generará empleo, ya que la creación de puestos de trabajo depende de un desarrollo productivo e industrial que no se ve reflejado en la norma.

La legisladora cuestionó términos como el «salario dinámico», interpretándolo como una «pérdida de derechos» para los trabajadores, y definió a la propuesta como una «reforma de laboratorio» que carece de consenso con los actores políticos y sindicales. «Se necesita una ley que no sea tramposa, que no destruya reglamentaciones e instituciones», enfatizó, tildando de ilegal el proyecto por no respetar la Constitución Nacional.

Asimismo, Kirchner vinculó la iniciativa con un intento de retroceder «100 años» en la historia argentina, citando como ejemplo los fusilamientos de obreros patagónicos en 1921. En un encendido cierre, defendió la justicia social como base de la democracia real y denunció que el concepto de «libertad» del Gobierno se contradice con la represión y la persecución a periodistas. «No voy a votar esta ley porque no es participativa; el trabajo digno es justicia social y eso es lo que vamos a defender», concluyó.

La senadora nacional por Córdoba, Carmen Álvarez Rivero, expresó su firme respaldo a la reforma laboral durante la sesión especial en la Cámara Alta, calificándola como un paso fundamental para revertir la informalidad que afecta a millones de argentinos. Según la legisladora, el sistema normativo actual ha fracasado al convertir el empleo formal en un «riesgo jurídico y financiero», lo que ha derivado en la proliferación de juicios en lugar de nuevos puestos de trabajo.

Durante su alocución, Álvarez Rivero destacó que esta reforma busca modernizar el derecho laboral para que vuelva a ser útil al «trabajo real», permitiendo que las pymes y empresas puedan contratar sin el temor a la industria del juicio. Además, resaltó la posibilidad de que empresarios y trabajadores negocien condiciones a nivel de empresa, sin estar subordinados a las decisiones de «un sindicalista desde un sillón en Buenos Aires» que desconoce las realidades locales.

Finalmente, la senadora elogió la gestión del presidente Javier Milei y de la ministra Patricia Bullrich, afirmando que con esta ley se abre la puerta a la dignidad de vivir del esfuerzo propio. “En la Argentina que empieza hoy, el que quiere trabajar podrá hacerlo”, concluyó antes de adelantar su voto positivo al proyecto.

Durante su intervención en la sesión especial del Senado, el legislador santiagueño José Neder expresó su firme rechazo al proyecto de reforma laboral, denunciando que la iniciativa no busca el progreso sino la destrucción de los derechos adquiridos. Neder advirtió que el país atraviesa una crisis profunda donde cierran entre 30 y 40 empresas diarias, dejando a cientos de trabajadores fuera del sistema.

El senador comparó el escenario actual con la «Ley Ómnibus» de 1993, que en su provincia natal, Santiago del Estero, provocó un estallido social tras la quita de derechos y la presión sobre las provincias para adherir a políticas de ajuste. Según el legislador, este proyecto habilita despidos sin causa y reduce indemnizaciones, funcionando como una herramienta de un modelo económico que ha «perdido el rumbo» y solo beneficia a economías concentradas.

Finalmente, Neder ratificó su compromiso histórico con el sector trabajador, asegurando que «nunca va a levantar la mano» para votar leyes que perjudiquen la producción nacional o la dignidad de los trabajadores de la República Argentina. Para el senador, el crecimiento de la economía es imposible sin proteger al trabajador como actor fundamental de la riqueza.

En una dura intervención durante la sesión especial en el Senado, el legislador santafesino denunció que el proyecto no busca generar empleo sino «precarizar a los que están adentro», advirtiendo sobre el impacto del modelo económico en las pymes y la alarmante pérdida de puestos de trabajo en la provincia.

El senador nacional por Santa Fe, Marcelo Lewandowski, expresó su firme rechazo a la reforma laboral en el Congreso, calificándola como un retroceso histórico a niveles previos a 1943. Durante su discurso, el legislador advirtió que el proyecto carece de una visión integral que contemple a las pymes y la ciencia, y que, en cambio, propone un modelo donde el trabajo deja de ser un «ordenador social» para ser tratado como una «mercancía».

Lewandowski aportó datos críticos sobre la situación en Santa Fe, detallando que entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 cerraron 2.276 empresas y se perdieron 21.900 puestos de trabajo en el sector privado. Asimismo, denunció puntos específicos de la ley que atentan contra el bienestar del trabajador, como la reducción al 50% de la paga por accidentes en actividades recreativas o el fin de los estatutos profesionales, incluido el de los periodistas, como una forma de «disciplinamiento social».

Finalmente, el senador invocó la «cultura del descarte» mencionada por el Papa Francisco para describir una ley que, según sus palabras, deja desprotegidos a los sectores más vulnerables y desfinancia el sistema previsional. «Esto no va a traer más empleo; lo que trae empleo es un plan económico que piense en el mercado interno», concluyó.

Durante la sesión especial en el Senado, el legislador pampeano fundamentó el acompañamiento del bloque radical al proyecto en general, aunque subrayó la necesidad de proteger regímenes específicos y garantizar la previsibilidad para las provincias y las pymes.

“El estatuto del periodista no puede ser afectado por una reforma general. El periodismo cumple una función esencial para la democracia vinculada a la libertad de expresión y al derecho a la información”, sostuvo Kroneberger al explicar las modificaciones propuestas por su espacio.

El senador señaló que, si bien el régimen laboral actual ha quedado «desactualizado» frente a los cambios tecnológicos y sociales, la creación de puestos de trabajo es, en realidad, una “consecuencia del crecimiento y de políticas económicas que generen oportunidades”, y no un resultado automático de la normativa.

En su discurso, destacó que la UCR impulsó cambios para dar equilibrio al proyecto, tales como la creación de un fondo de asistencia laboral para aliviar los costos de desvinculación en las pymes, la modernización de la registración mediante herramientas digitales y la protección del marco normativo del teletrabajo. Asimismo, hizo hincapié en el respeto al federalismo, advirtiendo que los incentivos laborales no deben avanzar a costa de los recursos provinciales.

En una encendida intervención en el Senado de la Nación, la representante de Tierra del Fuego, Cristina López, manifestó su rechazo tajante al proyecto de reforma laboral, al que calificó como un retroceso histórico que busca convertir a los trabajadores en «esclavos silenciosos».

La senadora cuestionó la falta de empatía de sus pares que apoyan la medida, preguntándoles si alguna vez «tomaron un colectivo» o tuvieron «un patrón», sugiriendo que solo desde el desconocimiento de la vida trabajadora se puede avalar un proyecto de estas características. López denunció que el discurso de «modernización» es, en realidad, una máscara para la explotación patronal, similar a la vivida en el siglo XIX.

Durante su discurso, detalló el impacto devastador que las políticas actuales ya están teniendo en su provincia. «Desde que gobierna Milei, en Tierra del Fuego se han perdido cientos de empleos en sectores clave», afirmó, citando despidos en empresas como Mirgor, Newsan y el cierre de diversas textiles. Según la legisladora, el modelo libertario ya ha provocado la pérdida de 250.000 puestos de trabajo registrados y el cierre de más de 21.000 pymes a nivel nacional.
López también puso el foco en la crueldad de la reforma, destacando que mientras los trabajadores deben pagar sus servicios en una cuota, el proyecto permite a los empresarios pagar las indemnizaciones en hasta 18 cuotas. Además, advirtió sobre el ataque al derecho a huelga y la intención de «silenciar» la organización gremial.

Finalmente, la senadora reafirmó su compromiso con el Acta Compromiso firmada en su provincia por diversos sectores políticos y sociales, asegurando que no traicionará al pueblo fueguino,. «El trabajo no se negocia y la soberanía no se entrega», concluyó, vinculando la reforma no solo con la precarización, sino también con la entrega de recursos estratégicos como el puerto de Ushuaia y la base naval.

El Senador nacional por La Libertad Avanza por la provincia de San Juan brindó detalles sobre la creación de esta herramienta financiera destinada a garantizar los haberes de los trabajadores ante cesantías, aclarando que no modifica el régimen actual de la Ley de Contrato de Trabajo.

Durante su intervención en la sesión especial del Senado, Bruno Olivera Lucero defendió la implementación del Fondo de Asistencia Laboral, un mecanismo innovador que busca coadyuvar al cumplimiento de los pagos indemnizatorios. El legislador enfatizó que esta medida no sustituye ni modifica el régimen actual de indemnizaciones, sino que funciona como una garantía de cobro para el trabajador.

El fondo se financiará mediante un aporte mensual obligatorio del 1% para grandes empresas y del 2,5% para pymes sobre la remuneración base de las contribuciones patronales. Según explicó Olivera, esto «no representa una carga extra» para los empleadores, ya que el monto utilizado para fondear la cuenta se deduce de las propias contribuciones patronales, representando una disminución en las cargas vigentes.

El senador nacional por Chubut por el Partido Justicialista fundamentó su rechazo al proyecto oficialista calificándolo como una «ley creadora de desempleo» y advirtió sobre la grave crisis económica que atraviesan las provincias. Durante su intervención, Linares expuso una fuerte contradicción ética: tras 40 años como empresario, reconoció que, aunque la ley le otorgaría beneficios individuales, no podría mirar a la cara a los trabajadores que hicieron crecer su empresa si votara a favor de quitarles derechos.

En su discurso, el legislador también denunció la pérdida de 15.000 puestos de trabajo en la actividad petrolera y la parálisis total de la industria de la construcción. Asimismo, cuestionó que se culpe al costo laboral por la crisis de las pymes, señalando que el verdadero ahogo proviene de los aumentos del 300% y 400% en servicios básicos y la falta de créditos para la inversión, lo que está forzando el cierre de comercios en todo el país.

El senador nacional de La Libertad Avanza por Chaco, Juan Cruz Godoy, defendió el proyecto de reforma laboral al hacer uso de la palabra durante la sesión de este miércoles y utilizó un insólito argumento centrado en que, a partir de la aprobación de la ley, se podría desconocer la antigüedad de los trabajadores al momento de reincorporarlos.

«Se hacen cambio para la posibilidad de dar empleo a personas que ya trabajaban en la misma empresa. En la vigente ley, si se reincorpora a un trabajador, aun pasados dos años, se tiene que reconocerle toda la antigüedad que tenía antes, entonces surge la problemática de que el empleador tiene que optar entre un trabajador nuevo, sin experiencia, al que eventualmente le podrá pagar más barato, y uno al que le tiene que reconocer la antigüedad de un vínculo que ya finalizó», expuso el legislador oficialista.

El senador libertario chaqueño, de esta manera, dejó de lado el riesgo que implica para el trabajador el hecho de que puedan despedirlo y volverlo a tomar sin que se le reconozcan los años ya trabajados en ese lugar.

«Nos parece razonable que, si ese vínculo se cerró en menos tiempo que dos años, corresponda reconocerle la antigüedad, pero una vez pasados los dos años ese trabajador, que ya tiene la experiencia y el conocimiento de la cultura de la empresa, compite en iguales condiciones que un trabajador nuevo, porque no hace falta que se le reconozca la antigüedad y da la posibilidad de recontratar a trabajadores que ya participaron de la organización», añadió Godoy.

La Senadora por Tucumán del partido Independencia, Beatriz Ávila, cuestionó al ministro Luis Caputo por sus declaraciones de compra de indumentaria en el exterior en el marco de la discusión por el proyecto de Modernización Laboral.

La dirigente tucumana destacó la construcción de consensos entre el Gobierno nacional y las administraciones provinciales. «Claramente argentina necesita una ley de modernización laboral federal y equilibrada pero también necesita un estado que mire al interior», añadió.

Ávila adelantó que «esta ley es un punto de partida. Sin lugar a dudas. ¿Es la mejor? A mi entender no, pero es la posible y es la que ha logrado mayor consenso entre los que estamos acá para el bien de todos los argentinos».

El Senador por la provincia de San Juan por el Partido Justicialista y ex Gobernador de la provincia cuyana, Sergio Uñac, sostuvo que «este proyecto de reforma laboral implica precarizar. Implica lesionar derechos adquiridos a lo largo de la historia argentina sea cual fuese el origen de los derechos que hoy ostentan los trabajadores».

El Senador nacional por La Rioja del partido Convicción Federal, Fernando Rejal, cuestionó el proyecto de Modernización Laboral. «Ya se llevaron puesto la salud y la educación», indicó en defensa del trabajo y adelantó su voto negativo al proyecto.