Por Pablo Duggan

Desde el inicio de su mandato, el presidente Mauricio Macri estuvo convencido de la necesidad de fortalecerse políticamente a través de la persecución judicial sobre sus adversarios políticos. Su falta de confianza en su propia capacidad y en la de sus colaboradores, expresada en la exageración del “mejor equipo de los últimos cincuenta años”, lo persuadió de que era imprescindible que jueces amigos hicieran desfilar por Comodoro Py, sede de los tribunales federales, a sus opositores y sus supuestos amigos. En algunos casos el objetivo se consiguió. Exfuncionarios del gobierno de Cristina y Néstor Kirchner fueron encarcelados haciendo abuso de la excepcional prisión preventiva, reservada únicamente para casos en que se demuestra que hay intenciones de fuga o de obstrucción a la justicia. Empresarios supuestamente relacionados con la familia Kirchner corrieron la misma suerte.

Dos casos que actualmente se discuten en sendos juicios orales demuestran las trampas a las que algunos jueces debieron recurrir para satisfacer los deseos del poder político. Terminando el año 2018 se acercaba el comienzo del crucial año electoral. Hasta ese momento no se había alcanzado el objetivo de máxima de Mauricio Macri, el encarcelamiento de la expresidenta Cristina Fernández. Consciente de que solo se lograría tal meta a través de una condena firme, el ex alumno del Newman entendió que no llegaría a verla nunca entre rejas durante su presidencia. La posibilidad de exhibirla sentada en el banquillo de los acusados junto a supuestos íconos de la corrupción como Lázaro Báez podía bastar como objetivo electoral. Los juicios debían acelerarse. El empresario Cristóbal López corría una peor suerte. El gobierno, a través de una incesante persecución mediática y judicial, había logrado convertirlo también en un supuesto beneficiario de la corrupción kirchnerista. En su caso, el juez Ercolini había satisfecho uno de los más fervientes deseos del presidente: verlo a Cristóbal López preso. El juicio oral sería otra pieza de campaña gratis para el oficialismo.

El caso de la obra pública en Santa Cruz y el caso Oil Combustibles son muy diferentes. Son situaciones que nada tienen que ver entre sí. El juicio por la obra pública encuentra su origen en la investigación de ochenta y una obras públicas otorgadas al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz. En cambio, el caso Oil Combustibles es de origen tributario y se cuestiona una operatoria habitual practicada por miles de empresas. En ambos casos la instrucción fue llevada adelante por el juez Julián Ercolini. La maniobra del juez para que los dos juicios orales se realicen en este año electoral merece ser descripta con detalle.

Ercolini fue calificado por el gran abogado León Arslanián como el descuartizador de causas en el inicio del juicio por Oil Combustibles. Esta práctica es tan simple, como peligrosa. En un mismo expediente se investigan personas con diferente ímpetu. En un caso se indaga y procesa en pocos días y en otros este trámite le lleva al juez más de un año. El resultado es que cuando llega la urgencia por elevar la causa a juicio oral, no todos los imputados y procesados están en la misma situación, por lo tanto la causa se divide, una parte va a juicio y otra no. El descuartizador ejecuta su tarea. El mecanismo se comprende cuando se conoce quiénes son los que están en condiciones de ir a juicio oral y quiénes no.

En las dos causas los que se quedaron afuera del juicio oral son simples funcionarios de línea que intervinieron materialmente en los hechos investigados. Los que llegan en condiciones al juicio son exfuncionarios públicos y supuestos “empresarios amigos”. Veamos. En el caso de la obra pública, decenas de funcionarios de la provincia de Santa Cruz intervinieron en el otorgamiento de las obras a Lázaro Báez a través de licitaciones varias, y otros lo hicieron desde Vialidad Nacional en el control de la realización de dichas obras, sus pagos, etcétera. La mayoría de ellos están por ir a otro juicio oral y público, que no es el actual. Y hay un grupo grande cuya situación aún no ha sido definida por el juez. Es que Ercolini, sin piedad, partió la causa en tres pedazos. En el caso de Oil Combustibles Ercolini esperó hasta que estuviera fija la fecha de comienzo del juicio oral contra Ricardo Echegaray -ex titular de la AFIP- Cristóbal López y Fabián De Sousa, para resolver la situación de veinte funcionarios de carrera de AFIP que habían sido indagados un año y medio antes. Solo siete fueron procesados y algún día enfrentarán otro juicio oral.

El descuartizador consiguió dos objetivos con esta operatoria. Cumplió con los deseos electorales de Mauricio Macri de tener “figuras kirchneristas” sometidas a juicio durante la campaña e impidió ejercer el derecho constitucional de la defensa en juicio. Esto último es de extrema gravedad. Los funcionarios públicos que intervinieron en hechos investigados son fundamentales como testigos o como acusados en un juicio, para que brinden explicaciones sobre sus propias acciones que los acusados desconocen. De hecho, si se hubieran cometido delitos, habrían sido ellos los ejecutores. El juez solo llevó a juicio a los presuntos instigadores de esos delitos, pero no a quienes los habrían cometido. Como la mayoría de ellos están procesados tampoco pueden ser citados como testigos, impidiendo que se conozca o examine su actuación, clave para determinar si hubo delito o no.

Lo más increíble de esta situación ocurrió en el inicio del proceso oral por Oil Combustibles. Frente al pedido de suspensión del juicio por los motivos descriptos, el Tribunal Oral Nº3 contestó que, en caso de suspenderlo, estaría violando el derecho a la celeridad del juicio de los acusados detenidos. Con gran solvencia, y cierta ironía, León Arslanián -que defiende a Echegaray que está en libertad- sostuvo que la detención de Cristóbal López y Fabián De Sousa era absolutamente ilegal e injusta y que esto podía ser resuelto con facilidad ordenando su inmediata liberación. Eso no ocurrió. Ambos juicios orales, incompletos y violatorios de la defensa en juicio, siguen adelante con resultado incierto. Mientras tanto, el descuartizador de Comodoro Py tiembla, el candidato a presidente más votado en las elecciones PASO ha dicho que deberá explicar alguno de sus fallos. Además, quien lo ha bautizado con tal apodo, posiblemente se convierta en el futuro ministro de justicia. Mientras tanto, el instigador de esta práctica perversa ha perdido interés en Comodoro Py para ocuparse de intentar terminar su mandato como presidente sin un estallido social en el país.