Entrevista: Lautaro Fernández y Gabriel Fernández / TEXTO: Leonardo Martín 

En cada obra de las cada vez menos  que anuncia o que inaugura el Presidente Mauricio Macri repite la misma letanía, “las obras valen un 40% menos”, “ahora obra que comienza se termina” y todas las frases habituales de manufactura duranbarbista. Una denuncia reciente del Sindicato de Trabajadores Viales desmiente la cándida descripción presidencial.

Semanas atrás, el Sindicato de Trabajadores de Vialidad  presentó una denuncia por el pago de sobreprecios en la construcción de la ruta Pilar-Pergamino alcanzando un escandaloso 900%. La destinataria de esos sobreprecios, la empresa Iecsa de reconocidos lazos con la familia presidencial.

También apuntan en la denuncia sobre Javier Iguacel, que fue titular de Vialidad Nacional al momento de la maniobra. Sobre ese y otros temas ligados al organismo se refirió la referente de los trabajadores viales Graciela Aleña en diálogo con Sindical Federal.

El presidente y los funcionarios del gobierno nacional suelen hablar de transparencia, de obras que se hacen “sin relato ni corrupción”, de haber bajado los costos de las obras públicas entre varias de las frases habituales diseñadas por el guión pergeñado por Durán Barba.

Transcurridos más de tres años de mandato las frases suenan gastadas y sobre todo poco reales. La denuncia de sobreprecios en la construcción de un tramo de la Ruta 8 beneficiando a Iecsa , una empresa ligada a la familia presidencial jaquea al relato macrista.

Las mejoras en la Ruta 8 que une Pilar con Pergamino era una necesidad para un trayecto que recorre el corazón la Pampa Húmeda con una alta circulación de camiones que transportan productos agropecuarios.

En 2015 se llamó a licitación y se adjudicaron  la construcción de 171 kilómetros que se dividieron en 9 tramos. El más importante de ellos, al que se denominó Tramo II (entre el Arroyo de Giles y el Puente sobre el arroyo Gómez), fue adjudicado a Iecsa, empresa que pertenecía (?) a Angelo Calcaterra, primo del Presidente Mauricio Macri, que declaró venderla en marzo de 2017 a Pampa Energía, cuya cabeza es Marcelo Mindlin.

Investigaciones judiciales posteriores indican que en realidad Angelo Calcaterra sigue siendo parte de la empresa, pero oculto detrás de una trama de sociedades radicadas en paraísos fiscales.

El costo inicial de la obra fue de 285 millones de pesos, pero a partir de modificaciones del proyecto inicial y actualizaciones por inflación la obra alcanzó la friolera de poco más de 2000 mil millones de pesos.

En diálogo con Sindical Federal, Graciela Aleña, titular del gremio de trabajadores viales, fue una de las que firmó el escrito presentando la denuncia.

Han hecho una modificación de obra más allá del valor original de 285 millones de pesos con que había ganado Iecsa la licitación. Además, en los ítems que justificaban las modificaciones hubo sobreprecios del 37%. Vialidad le termina pagando  ese sobreprecio a una empresa ligada a la familia presidencial” describe Aleña.

De los 285 millones iniciales establecidos en la licitación, por las modificaciones y actualización de los precios de las obras por inflación está en 2000 millones de pesos. Guillermo Dietrich (Secretario de Transporte) y Javier Iguacel (ex titular de Vialidad con un paso posterior por el Ministerio de Energía) hablan de que han reducido un 40% los precios de esas obras, será de otras empresas y no la de la familia presidencial” descarga Aleña en referencia a Iecsa, actualmente Sacde, propiedad de Pampa Energía de Marcelo Mindlin. Las relaciones entre Macri y Mindlin se repiten en varios negocios, demasiada casualidad.

“Javier Iguacel, estuvo un año y medio hablando de toda la corrupción de los viales, pero el que estaba haciendo un acto de corrupción era él. Una obra que tuvo una modificación de obra que hasta que él la aprobó por resolución le permitió trabajar a la empresa sobre esa modificación. cuando aún no estaba aprobada” contraataca Aleña.

En la denuncia presentada también agregan que dada la magnitud de la modificación del proyecto hubiera correspondido llamar a una nueva licitación, decisión que no se tomó.

En el sorteo, la causa fue derivada al juzgado que dirige el juez Julián Ercolini, ¿casualidad?. Ercolini ha sido uno de los jueces federales disciplinados a Cambiemos y los intereses de las corporaciones como ocurrió en la causa de Papel Prensa. La denuncia fue ratificada ante Ercolini por Aleña el pasado 5 de febrero.

“HAY 100 OBRAS PARALIZADAS, HAN VENIDO A HACER EL DESGUACE DE VIALIDAD NACIONAL”

Vialidad Nacional es el organismo encargado de “proyectar, construir, mantener y conservar la red nacional de caminos”. De los 40 mil kilómetros de rutas casi 10 mil están concesionados, del resto se debe encargar la Red Nacional Vial.

El objetivo de déficit cero está desfinanciando múltiples reparticiones del Estado, ajuste del cual Vialidad no escapa. Aleña cuenta que “hay un promedio de 100 obras entre paralizadas y neutralizadas. Han venido a hacer el desguace de Vialidad Nacional. Primero crean Corredores Viales S.A. que tiene las mismas funciones que Vialidad Nacional, cierran nuestras cinco escuelas técnicos y despiden a 52 trabajadores sin causa. Crearon los mentados PPP (Participación Público Privada) que nos va a salir diez veces más que si Vialidad hiciera los trabajado. Vinieron a subvencionar sus propias empresas y a sacarnos tareas a los trabajadores” advierte.

“Hoy los trabajadores no tenemos los elementos para hacer el mantenimiento de los caminos. Tenemos a cargo 30  mil kilómetros que deberíamos estar cuidando los trabajadores de Vialidad Nacional. No tenemos material ni para salir a bachear” describe.

Aleña arremete, “No hay un proyecto vial serio, además se vendehumo porque la sociedad ve los videítos o el mismo el ministro Dietrich que va a los programas de televisión diciendo que están haciendo tantos kilómetros. La verdad es que el 90% de las obras que se están ejecutando, hay muchas paralizadas, venían de la gestión anterior, pero ellos dicen que ‘después de 50 años vamos a hacer caminos’ ”.

“Los trabajadores estamos preocupados” señala y describe una situación que se repite en numerosos organismos del Estado: vaciamiento para terminar otorgando responsabilidades y negocios al sector privado, muchas de ellas con lazos con el funcionariado.

“Despiden compañeros y después tercerizan esas tareas por valores mucho más altos. El Gobierno habla de reducir los gastos, que son los gastos en los trabajadores, ahora no tocan los gastos en las consultoras, las empresas que no son parte del Estado” cierra Aleña.