El juez federal Rodolfo Canicoba Corral archivó hoy la causa por la cual se investigaba una escucha entre la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli, en la que ambos señalaban que el ex espía Antonio «Jaime» Stiuso armaba «carpetazos» contra jueces y fiscales.
Fuentes judiciales informaron a NA que así lo decidió el juez pese a que la Fiscalía a cargo de Federico Delgado, la cual apelará el fallo, había solicitado que para recabar más datos fueran citados como testigos Parrilli y Cristina Kirchner.
«Estamos a una semana de cumplirse ya veintidós años del atentado (a la AMIA) y este tipo (refiriéndose a Stiuso) dice que todos los gobiernos sobornaron jueces, ocultaron pruebas y lo dejan salir del país, porque entra y sale», señaló en la escucha la ex presidenta.
Parrilli le respondió: «Si ahí lo mande a hablar a Martín (Mena, ex número dos de la AFI) para ver si él tiene llegada para los fiscales de la causa que tienen ahora llegada, que lo citen».
«¿Cómo puede ser que ningún fiscal lo cite? Tengo que pensar que los carpetazos, son los de él. El que tiene las carpetas contra los jueces y fiscales es él», agregó Cristina Kirchner en la conversación que se filtró a la prensa.
Delgado había considerado un tanto confusa la conversación y por ello había solicitado que ambos fueran citados a declarar como testigos, aunque si se detectaba un delito pasaran a estar imputados.
«Las expresiones de Oscar Parrilli y de Cristina Kirchner no escapan a una ley de hierro de la Justicia: quien alega un hecho debe probarlo. La traducción de esa máxima a una denuncia, sería que quien la formula, debe explicar las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Sólo tras ese paso, será posible reconstruir un hecho y luego tamizarlo por la ley penal», agregó la Fiscalía.
Ahora, Canicoba Corral también consideró que la escucha es imprecisa y un tanto confusa, en línea con lo afirmado por la Fiscalía, pero sostuvo que de citarlos como testigos se correría el riesgo de obligarlos a declarar contra sí mismos, puesto que están obligados a decir la verdad.
En ese sentido, el magistrado consideró que se correría el riesgo de una auto incriminación.
