El barrio Luis Agote vuelve a estar sobre en el ojo de la tormenta. Una vez más, desde hace semanas, vuelve a estar en la primera plana de los medios. Y las razones son siempre las mismas. El permanente reclamo para combatir las situaciones de inseguridad y las repetidas denuncias de violencia institucional que se cometen en la comisaría 7ª.
El 12 de mayo, Elina Rivero, una joven de 27 años que asistía a un recital en el Teatro Vórterix, fue detenida por supuestos «disturbios en la vía pública» y llevada a la seccional de calle Cafferatta al 300, luego de que los efectivos que realizaron el procedimiento la golpearan varias veces en la calle y se la llevaran casi inconsciente. De allí salió, horas después,en coma. Producto de lo ocurrido allí dentro, Elina estuvo en coma casi dos semanas y sobrevivió con varias secuelas.
Los antecedentes de esa comisaría incluyen una larga lista de casos similares. El más trágico, el de Franco Casco.
Los vecinos de barrio quieren seguridad, pero también quieren una policía que los cuide, que no los golpee, que no los intimide y que no participe de negocio espúreos. En ese contexto, esta tarde, convocaron a un clase abierta que se realizará frente a la seccional para hablar de sus derechos.
En diálogo con Conclusión, Germán Rampo, integrante de la vecinal, señaló que el pedido es de seguridad con prevención, no de mano dura.
«Nosotros hace muchos años que venimos reclamando por la seguridad del barrio. El tema es que este es un barrio con determinadas particularidades, nosotros estamos cerca de la terminal, del Hospital Centenario, de la facultad de Medicina, entonces es un lugar que transita muchísima gente. Estos son datos que nos han dado desde el mismo ministerio de Seguridad.Está relevado que es el segundo lugar de circulación de personas en Rosario, después del microcentro.. Circulan alrededor de unas cincuenta mil personas o sesenta mil personas por día, que no son del barrio, que están de paso», explicó Rampo. «Eso genera un gran movimiento extra», o sea es, un barrio, de las dimensiones estructurales y la población de cualquier otro barrio, pero con un tránsito de gente permanente que complejiza bastante la cosa, añadió.
En ese contexto, actúa la comisaría 7ª. «Están asignados en esta zona y además a Pichincha. Son seis por turno, tienen dos móviles y uno no anda. Y hasta hace dos meses había 25 presos… entonces esto es tierra de nadie. Además, es una zona en la que abundan las actividades ilegales, entonces, hay una caja muy grande y se convierte en terreno de disputas, enfatizó Germán. «Entonces se suman un montón de cosas, y a esas cosas, se le suma también el abuso institucional, que no es de ahora, la 7ª tiene un largo historial de abusos, agregó.
El vecino señaló: «Se habla ahora de esto porque a Elina la golpearon y ella se animó a denunciarlo. La golpearon y quedó en coma, pero para nosotros es cosa de todos los días. Acá, todos los vecinos del barrio te pueden contar situaciones de abuso policial que han visto o vivido. Son prepotentes, insultan, amenzan y golpean. Hace poco hubo un incidente en un supermercado, entre dos vecinos. Cuando el dueño llama a la policía, vinieron 6 y terminaron golpeando y amenazando a los vecinos y a los otros que se metieron a defenderlos. Hay filmaciones de eso. Y después están todas las situaciones violentas provocadas por los negocios de la policía.».
En ese sentido, Rampo puso el acento en que el pedido de seguridad no es pedido de mano dura, ni gatillo fácil. «Nuestro reclamo es seguridad con prevención, no estamos pidiendo mano dura. Es un reclamo preventivo, no punitivo. Que pongan los recursos que tienen que poner, que son necesarios para un barrio que tiene estas complejidades. No queremos 20 patrulleros, ni 300 policías, lo que queremos es un dispositivo inteligente y que se apliquen los recursos inteligentemente para prevenir. Cuando se hizo funcionó. Nosotros lo probamos, lo propusimos y funcionó. En 2015 hicimos un relevamiento , con mapa del delito y señalamos los lugares donde era necesario poner presencia policial, y el resultado fue que bajaron los índices. El tema es que eso lo pusieron en funcionamiento dos veces, lo dejaron dos o tres meses y después lo sacaron, y volvimos a lo de antes. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que pedimos es que aflojen con la violencia y el abuso policial. Porque el caso de Elina salió en todos los medios, pero es algo cotidiano».
Rampo además puso las responsabilidades en el Ministerio de Seguridad. «Son los responsables, es lo que provocan las políticas de seguridad que tienen. Nosotros lo que pedimos es que se pongan recursos y que se controle. Lo que ocurre en la 7ª no puede seguir pasando. No es la primera vez, Y queremos que se cumplan las leyes, o sea que haya seguridad y que se respeten los derechos humanos. Las dos cosas están contempladas por la ley».
Este miércoles entonces, a partir de las 19, frente a la comisaría 7ª, (Cafferatta 342) la vecinal del Barrio Luis Agote convoca a una clase abierta, en la que participarán Daniela Vergara, secretaria de Derechos Humanos de Amsafe y Sebastián Sansevich, abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. «Daniela va a hablar sobre el caso de María de los Ángeles Paris, fallecida en la comisaría 10ª en dudosas circunstancias, y el abogado va a dar una clase sobre que hay que hacer cuando la policía te detiene. Cuales son los derechos y cuales son las obligaciones de la policía».
