En el día de ayer se desarrolló la continuación de la audiencia de habeas corpus correctivo y colectivo en favor de los adolescentes alojados en el Instituto de Rehabilitación del Adolescente de Rosario (IRAR) interpuesto por el Ministerio Público de la Defensa de la Provincia de Santa Fe, a través del Defensor Provincial, Dr. Gabriel Ganón y el encargado de la Secretaría de Prevención contra la Violencia Institucional, Dr. Enrique Font conjuntamente con el Asesor de Menores N 3, Dr. Daniel Papalardo.
Durante la audiencia desarrollada el día 23 de agosto de este año, el Juez Penal de 1era. Instancia, Dr. Luis María Caterina había dispuesto que el Instituto Médico Forense realice controles periódicos con acompañamiento del Ministerio Público de la Acusación en todos los sectores del IRAR, sobre todo en el 5 y el 6, a los fines de controlar las condiciones de habitabilidad en función de la salud de los internos, su régimen de comida, limpieza y suministro de agua.
Por tal motivo, la Directora del Instituto Médico Forense, Dra. Alicia Cadierno dio cuenta de aquella visita realizada al establecimiento, donde corroboró los hechos denunciados por la Defensa Pública y el Asesor de Menores en el habeas corpus interpuesto oportunamente, en cuanto a las condiciones de habitabilidad de los Sectores 5 y 6 del IRAR, en base a las irregularidades constatadas respecto a la infraestructura del edificio, la alimentación de los adolescentes, la situación de higiene, entre otros.
Por su parte, la Médica Psiquiátrica Infanto Juvenil del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, Dra. Marta Bianciotti, expresó durante la audiencia que “no es posible abordar la salud mental si no nos comprometemos con respecto al lugar donde están alojados”, refiriéndose a los adolescentes sometidos a condición de encierro.
Del mismo modo aseveró que “el hábitat donde un adolescente se encuentra, más allá de estar en conflicto con la ley penal, va a modificar la conducta y el comportamiento humano”. A su vez propuso un abordaje interdisciplinario, reconociendo también las problemáticas institucionales del IRAR.
Otra de las cuestiones alegadas por la Defensa Pública y por la Asesoría de Menores estaban vinculadas con el efectivo acceso a la educación de los adolescentes privados de su libertad en el establecimiento. Si bien la oferta en esta materia existe, la misma no es garantizada a toda la población juvenil.
La Directora Provincial de Educación Permamente de Jóvenes y Adultos, Noemí Beatríz Stara, expuso esta situación en la audiencia reconociendo que los jóvenes asisten menos horas producto de que hay grupos antagónicos dentro del mismo establecimiento que no pueden relacionarse y compartir momentos entre sí dentro de un aula, lo cual genera que los adolescentes no reciban la cantidad de horas de clases adecuadas.
Luego de escuchar a las partes, el Juez Penal de 1era. Instancia, Luis María Caterina dispuso un plazo de 30 días para tratar de lograr un acuerdo entre las partes en cuanto a: a) que se adecúen los protocolos de actuación que tiene el IRAR para la detección y registro de las torturas y los malos tratos a las normas y mecanismos internacionales; b) en base a la situación estructural de los Sectores 5 y 6 dispuso que las partes lleguen a un acuerdo para el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de dichas zonas; c) que el IRAR y el Ministerio de Educación realicen una propuesta a los fines de garantizar que toda la población del instituto asistan a clase; y d) también solicitó que sean generados mecanismos de control y tratamiento de salud mental en todos los adolescentes. Si sobre alguno de los puntos no llegara a haber acuerdo, el mismo será resuelto por el magistrado dentro del plazo establecido.
