Una de las primeras promesas del presidente electo Donald Trump fue que detendrá y deportará a 3 millones de inmigrantes. Sin embargo, una investigación de tres organizaciones civiles reveló esta semana que el sistema de detención de inmigrantes en el sur de Estados Unidos ya está fuera de control y podría desembocar en «una grave crisis de derechos humanos».
Durante siete meses, las organizaciones civiles recorrieron seis centros de detención -tres privados y tres públicos, todos contratados por el gobierno federal- en los estados de Alabama, Florida, Georgia y Luisiana. Entrevistaron a más de 300 inmigrantes detenidos, más del 5% de la población de esas seudo cárceles, y concluyeron que el sistema es abusivo, cruel, inhumano e injusto.
«Lamentablemente, el presidente electo Trump heredará agencias de inmigración que han perfeccionado el arte de abandonar sus responsabilidades por los esparcidos centros de detención, lo que dejó a mucha gente vulnerable a abusos», concluyó Paromita Shah, directora de National Immigration Project of the National Lawyers Guild.
Por su parte, Lisa Graybill, la vice directora legal de Southern Poverty Law Center, otra de las organizaciones que participó de la investigación y realizó el informe final, titulado Prisiones en las Sombras, la Detención de Inmigrantes en el Sur, advirtió que el actual sistema de detención sólo empeorará con las promesas de Trump.
«El plan de deportación del presidente electo Trump requiere una masiva expansión de un sistema que ya está roto y la creación de una infraestructura carcelaria que costará miles de millones y exacerbará el problema de la encarcelación masiva de nuestro país», explicó a la prensa Graybill al presentar el informe esta semana.
Una de los autores del informe e investigadores de esa organización, Eunice Cho, fue aún más lejos en su advertencia.
«Inundar al sistema de detención de inmigrantes con cientos de miles de personas nuevas sólo llevará a una grave crisis de derechos humanos», sentenció, según reprodujo la página web de su organización.
Según pudieron constatar a lo largo de siete meses, la gran mayoría de los inmigrantes detenidos en el sur del país -una región tradicionalmente conservadora en la que Trump arrasó, excepto por el estado de Virginia- no tienen abogado y, por eso, muchas «cortes de inmigración locales les son hostiles».
Cuando un inmigrante es apresado entrando ilegalmente a Estados Unidos o viviendo en el país sin la documentación necesaria, es arrestado y enviado a uno de los tantos centros de detención que están desperdigados en el territorio, principalmente, en el Sur, lindante con la frontera con México.
Se trata de una ofensa civil y, por lo tanto, su detención es administrativa, no punitiva, hasta que se define su deportación.
Sin embargo, el informe reveló que las detenciones de inmigrantes en el sur de Estados Unidos se parecen más a una encarcelación punitiva que a una temporal y administrativa.
A lo largo de la investigación, las organizaciones civiles recabaron denuncias de abusos físicos, represalias violentas por parte de los guardias, uso excesivo del aislamiento total y largas temporadas encerrados sin ver el sol o respirar aire fresco.
