Dos artefactos explosivos de fabricación casera que habían sido colocados debajo de un carro de asalto de la Guardia de Infantería, frente al Departamento Central de Policía, fueron detonados hoy por personal de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal Argentina (PFA).
De acuerdo al informe el explosivo constaba de tres tanques, tipo cilindros, conteniendo gas butano con pólvora, lo que le da una capacidad de daño y de incendio.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, manifestó su «enérgico repudio» por el atentado y expreso su rechazo a todo intento de fomentar la violencia y la inseguridad de los ciudadanos».
En un comunicado de prensa Bullrich alienta «a todos los partidos democráticos a repudiar este accionar violento y fuera de la democracia y los márgenes de la ley».
Por su parte, el jefe de la PFA, comisario general Nestor Roncaglia, aseguró que «ya vimos por las cámaras quien puso la bomba», y admitió que el autor actuó «a cara descubierta».
«Estamos viendo en la zona, en las cámaras particulares y las nuestras y ya tenemos una persona que aparece filmada colocando el artefacto, vamos a trabajar sobre eso», destacó.
En declaraciones a la prensa el jefe policial explicó que se trata de un «modus operandi» al cual «prestamos atención» porque «me comentaron que hay artefactos detectados en otros lados de similares características, en Capital Federal y en todo el país».
Roncaglia aseguró que se trató de «un atentado al patrimonio nuestro» y evaluó el peligro que podía haber provocado al señalar que el lugar donde fue dejado es «la continuación de la bicisenda, donde van todos los días chicos en bicicleta y si llega a estallar tranquilamente va a herir a un persona».
Según informaron fuentes de la comisaría 6°, el hecho ocurrió cerca de las 17,30 cuando «un bombero de civil tomó servicio por (la calle Virrey) Cevallos cuando sintió olor a pólvora y pudo notar que debajo de un móvil de contención (carros de asalto de la Guardia de Infantería) había dos paquetes sospechosos, dando aviso».
Inmediatamente, efectivos de la Brigada de Explosivos de la PFA pusieron en marcha el protocolo previsto para estos casos y en la intersección de Virrey Cevallos y Belgrano «hicieron detonar» los explosivos.
De acuerdo con el informe, junto a los explosivos se encontraron unos «panfletos» con la inscripción del Partido Obrero, donde se reclamaba «libertad a los argentinos presos en Congreso», porque si no «los ataques seguirán».
Roncaglia explicó: «Es un panfleto metálico, porque si hubiera sido de papel se hubiera prendido fuego, así que se tomaron el trabajo de dejar el mensaje en un metal y dejarlo adherido al explosivo».
El jefe policial aclaró: «Nosotros no estamos acusando a nadie, es más, llama la atención que en una amenaza así pongan la firma del autor».
Justamente, el legislador porteño y dirigente nacional del Partido Obrero (PO), Marcelo Ramal, dijo que el artefacto encontrado frente al departamento de Policía «es en primer lugar una provocación contra el propio Partido Obrero, contra su lucha, contra su historia».
«Jamás llevamos adelante acciones de este tipo y el único objetivo que tiene es ensuciar y ensombrecer la lucha que nuestro partido está llevando adelante por la libertad de militantes detenidos por haberse movilizado contra la reforma jubilatoria y en general por la movilización que lleva adelante el PO y toda la izquierda contra el ajuste del Gobierno», afirmó.
«Rechazamos esta patraña, esta construcción y esta acusación completamente miserable y alertamos sobre el hecho de que se pretenda construir algún tipo de acusación con un mínimo de seriedad contra el PO, que la vamos a rechazar del mismo modo que hemos defendido nuestra historia, nuestro programa y nuestra lucha por más de cincuenta años», agregó.
Interviene en el hecho la División de Investigaciones de Amenazas e Intimidación Publica de la PFA, y el Juzgado Federal de Sebastian Ramos, en una causa caratulada como «amenaza de intimidación pública y dalos a bienes del Estado».
