Los documentos sobre los drones publicados en el sitio electrónico The Intercept están ganando espacio en Estados Unidos, a pesar del hecho de que los mayores medios de comunicación tradicionales han tratado de encubrir el caso hasta ahora, para proteger a Obama de un juicio político y un proceso penal. Con base en la evidencia contenida en los documentos que se filtraron y la investigación de The Intercept, el Presidente Obama, tal y como lo ha exigido Lyndon LaRouche, tiene que ser destituido inmediatamente de su cargo y sometido a un proceso penal por haber cometido asesinatos en masa. Sin lugar a dudas, el Tribunal Penal Internacional va a retomar, en cierto momento, el tema de los crímenes de guerra y crímenes en contra de la humanidad cometidos por Obama, con base en la documentación contenida en los documentos filtrados, en donde se muestra que él estaba a cargo de una intriga de asesinatos internacionales, dirigida desde la Sala de Situaciones de la Casa Blanca, en donde él firmaba las órdenes de asesinato.
Hay cobertura de los Documentos de los Drones (Drone Papers) en Mother Jones, la revista Wired, la revista Small Wars y Lawfare con cobertura británica en The Guardian y periódicos de Irlanda.
El encabezado de Mother Jones a su reseña es “Una enorme filtración de seguridad nacional acaba de destapar la guerra con drones de Obama”. Cita al denunciante anónimo en The Intercept: “Esta explosión atroz de listas de vigilancia, de vigilar a la gente, decantarla, amontonarla en listas para asignarles números, y asignarles ‘tarjetas de béisbol’, para asignarles sentencias de muerte sin aviso, en un campo de batalla mundial, desde el primer momento estuvo errado”.
El artículo destaca que Amnistía Internacional pidió que el Congreso de EU investigue inmediatamente todo el programa de drones, argumentando que los documentos recién filtrados “plantean serias preocupaciones sobre si Estados Unidos ha violado sistemáticamente el derecho internacional, al clasificar a personas desconocidas como ‘combatientes’ para justificar sus asesinatos”.
Ahora hay documentos militares oficiales de EU, señala el artículo, en donde se detalla el alcance del programa de asesinato en masa (entre enero del 2012 y febrero del 2013, por ejemplo, en el noreste de Afganistán fueron asesinadas 200 personas en los ataques con drones, de los cuales solo 35 estaban en la lista para ser asesinadas).
El artículo en Mother Jones destaca el hecho de que, en algunos casos, el Presidente Obama firmó las órdenes de asesinatos en donde ni siquiera se identificaban objetivos específicos, sino que se autorizaban ataques con drones en base a patrones de comportamiento observado en grupos de personas.
La revista Wired encabeza su reseña con “Un segundo Snowden filtró una veta madre de documentos sobre drones”, destacando que el segundo denunciante había surgido en el otoño del 2014, y que había aportado el diagrama del cableado del programa de asesinatos con drones, que llevaba directamente a Obama.
The Guardian destaca el hecho de que el Presidente Obama ha estado mintiendo cuando alega que el programa de drones requiere “casi una certeza” de que no haya bajas civiles. Según el Buró de Periodismo Investigativo, desde el 2004 han sido asesinados 1,000 civiles en Pakistán en 421 ataques con drones, y se calcula que 200 eran niños. Sin embargo las listas del programa de drones califican a todos los civiles asesinados en combate como terroristas, para cubrir el hecho de que, en muchas zonas en donde opera el programa de drones, el 90 por ciento de los asesinados no son los blancos “aprobados”.
El general Charles Dunlap, juez adjunto abogado general de la Fuerza Aérea de EU (retirado), y ahora profesor de derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Duke, publicó en la revista Small Wars una revisión de la racionalidad legal del programa según las facultades de guerra que alega Obama; en Lawfare se citan extractos. Dunlap señala que el programa de drones ha ganado un significativo apoyo nacional e internacional, a pesar de los casos en que se ha probado su abuso. “Sorprendentemente, la ciudadanía parece que acepta cualquier base legal concebida racionalmente, ya sea una interpretación agresiva de las facultades del Artículo II, o emanada de una autoridad estatutaria endeble. Sin embargo, existe una gran salvedad: el apoyo público pudiera evaporarse si hubiera evidencia documentada y creíble de la ineficiencia y/o hubiera evidencia importante de bajas civiles excesivas e injustificadas”. La salvedad se ha cumplido ahora con los Documentos sobre los drones.
