La Secretaría de Derechos Humanos expresó hoy ante la Justicia su «preocupación» por las amenazas de muerte recibidas por el nieto recuperado Guillermo Pérez Roisinblit, por parte de su apropiador Francisco Gómez, quien procura conseguir la prisión domiciliaria.
La presentación fue realizada hoy por el coordinador del Programa Verdad y Justicia de la Secretaría, Mariano Fridman, ante el Tribunal Número 5 de San Martín, que debe decidir si le otorga la prisión domiciliaria a Gómez, informaron fuentes oficiales.
En la nota presentada, Fridman indica que «en atención a las manifestaciones periodísticas realizadas por Guillermo Pérez Roisinblit, respecto de las amenazas proferidas por Gómez, manifestamos nuestra preocupación por las condiciones de exposición y vulnerabilidad del mismo».
En ese marco, solicitaron al Tribunal que «tenga presente el hecho manifestado en oportunidad de resolver en la presente incidencia» con relación a si le otorgan la prisión domiciliaria.
Asimismo, la Secretaría puso a disposición de la justicia el Programa Verdad y Justicia, e informó que se puso en conocimiento del tema al Programa Nacional de protección a víctimas e imputados, a cargo de Francisco Lagos, «con el fin de que responda con prioridad todos sus requerimientos».
En tanto, el titular de la Secretaría, Claudio Avruj, y Fridman se reunieron hoy con la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en la sede del organismo de derechos humanos, para informarle sobre los detalles de la presentación realizada hoy ante la justicia.
«Le exigimos a Avruj acciones claras que demuestren que la Secretaría que dirige rechaza las prisiones domiciliarias a los genocidas. Le solicitamos que arbitre los medios pertinentes para evitar este beneficio», consignó Abuelas a través de un comunicado.
En la reunión participó también Guillermo Pérez Roisinblit, y Avruj garantizó que la Secretaría de Derechos Humanos intervendrá en su causa y lo acompañará en las próximas audiencias.
«El caso de Guillermo se repite en decenas de causas y esperamos acciones claras que demuestren una política contra las prisiones domiciliarias para los criminales de lesa humanidad», sostuvieron desde el organismo.
Ayer, Avruj se había comunicado telefónicamente con Carlotto para manifestarle «su apoyo, su repudio a lo sucedido, adelantarles la acción judicial que se llevará a cabo y comprometerse con ellos a seguir en contacto para conocer los avances del caso».
