Un fallo emitido por la Cámara Electoral podría devenir en la inhabilitación electoral de quien por dos veces fue candidato a gobernador por el PRO, Miguel Torres del Sel, en su papel de presidente del partido.

La medida judicial también puede alcanzar a dos ex tesoreros del PRO que manejaron fondos del partido: Norberto Principato, quien ocupó el cargo hasta diciembre de 2012, y Diego León Barreto, quien asumió ese mes en reemplazo de Principato, luego fue concejal de Funes en el período 2013-15 y actualmente es intendente de la misma ciudad.

Esta información la da a conocer este sábado, en su sección Política y Economía, el diario El Ciudadano, donde se explica el fallo de la Cámara reflota una causa en la que se investigan supuestas violaciones del PRO santafesino a las normas de financiamiento partidario.

Imputados

Señala más adelante el matutino que en una medida que no tuvo difusión mediática, los tres –Del Sel, Principato y León Barreto–fueron imputados por el fiscal Walter Rodríguez, por el manejo de los fondos utilizados del partido. Entre los considerandos de su acusación, el funcionario judicial explicó que “nunca se cumplió con la obligación del modo y forma indicado” por la ley 26.215 de financiamiento de los partidos políticos y que “sólo fueron presentados ejercicios contables sin que sus «condiciones» permitan conocer en forma completa y real el origen y destino de los fondos del partido”.

También los acusó de “haber omitido informar sobre partidas pendientes de cobro provenientes de aportes públicos del año 2011, (…) aportes públicos para boletas de diputados generales, (…) y no acompañar la correspondiente documentación respaldatoria y un listado detallado de los aportes privados percibidos (…) conforme lo estipulado por la normativa”.

Rodríguez concluyó en su imputación que “ha quedado a la luz la existencia de un comportamiento deliberado, destinado a ocultar la situación financiera partidaria, máxime cuando además de los claros y taxativos extremos de la norma ritual, existen notificaciones del tribunal de instancia que permitan observar la existencia de incumplimientos que sistemáticamente y sin expresar causal alguna se negaron a cumplir”.

La prescripción

Pese a todo, el año pasado el juez federal con competencia electoral en Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, declaró extinguida la acción, ya que consideró que los hechos se encuentran sancionados “con inhabilitación temporal, por lo que el plazo de prescripción” de un año ya se había cumplido.

Finalmente, esta semana, la Cámara Nacional Electoral revocó la sentencia del Juzgado Federal N°1 de Santa Fe. Los jueces Alberto Ricardo Dalla Via y Santiago Concuera consideraron que Rodríguez no contempló el segundo párrafo del artículo 63 del Código Penal que establece que la investigación de ilícitos “se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público”.

“Nada que ocultar”

En tal contexto, y siempre con el diario El Ciudadano, el actual intendente de Funes, Diego León Barreto, se defendió del fallo de la Cámara Nacional Electoral. “No hay nada que ocultar”, afirmó, para agregar que “siempre estuvimos a disposición de la Justicia electoral;este fallo no cambia las cosas. Está bien que la Justicia electoral investigue este tipo de infracciones”, finalizó.

Mientras tanto, la Municipalidad funense emitió un comunicado donde aclara que Barreto viene trabajando en el Partido Pro Propuesta Republicana de Santa Fe desde hace 10 años.

“Recién en la fecha 14 de diciembre del año 2012 obtuvo el cargo de Tesorero cuando, por decisión unánime de su Consejo Directivo (a solo 17 días de la finalización del ejercicio fiscal 2012), se decide la separación de su anterior Tesorero Norberto Principato, el cual fue intimado judicialmente a reintegro de los libros estatutarios y la documentación necesaria para la confección de los Estados Contables”, señala el texto. Y agrega: “En ese marco, y sabiendo que la designación de Barreto como tesorero se dio en los últimos días del mes de diciembre de 2012, entendemos que existe una intención política y no jurídica en la acusación al intendente”, dice por último el texto de la Municipalidad.