Una nueva acusación cayó este viernes contra el expresidente Lula, cuando el Senado decide el futuro político de Brasil con la probable salida de Dilma Rousseff y del izquierdista PT del poder.
La Policía Federal de Brasil inculpó al emblemático Lula de beneficiarse de los sobornos de algunas de las empresas de la trama corrupta de Petrobras.
Esta acusación no podría ocurrir en peor momento: el Senado brasileño se encuentra sumido en el segundo día de debates para decidir si despoja del cargo a Rousseff, acusada de maquillar las cuentas públicas.
La nueva denuncia tiene como eje un departamento tríplex en el edificio Solaris, en el balneario paulistano de Guarujá, que según la Policía Federal es propiedad de Lula, aunque los abogados del líder del Partido de los Trabajadores (PT) lo niegan. De acuerdo a las investigaciones policiales, el ex presidente fue beneficiario de trabajos de reforma realizados en el departamento por la constructora OAS, una de las acusadas de haber pagado millonarias coimas a directivos de Petrobras y políticos petistas para asegurarse contratos con la petrolera estatal. El inmueble fue cotizado en unos 450.000 dólares y las obras que allí se hicieron sumaron 340.000 dólares.
Según ha dicho varias veces Lula, su esposa, Marisa, pagó la primera cuota a una cooperativa para la compra del departamento, pero luego desistió del negocio y pidió que le devolvieran el dinero, por lo que no se le puede atribuir a ellos la propiedad del inmueble. Además de Lula y su esposa, fueron acusados hoy el presidente del Instituto Lula, Paulo Okamotto, así como el presidente de OAS, Léo Pinheiro, y otro ejecutivo de la compañía, Paulo Gordilho.
La medida causó nerviosismo y aprensión en las filas del PT, en momentos en que en el Senado se lleva adelante el segundo día de sesiones en la etapa final del juicio político contra la suspendida presidenta Rousseff. Ayer se había informado que Lula acompañaría a la mandataria el lunes próximo al recinto de la Cámara alta, cuando por primera vez ella se defenderá en persona de las acusaciones en su contra por haber maquillado las cuentas públicas en los últimos años, presuntamente para esconder el déficit fiscal y garantizarse así la reelección en 2014.
