Ex combatientes de Malvinas pedirán mañana al juzgado federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, que tome declaración indagatoria a militares denunciados por torturar a conscriptos durante la guerra de 1982 en el Atlántico sur, para lo cual aportarán nuevas pruebas surgidas de la desclasificación de archivos de las Fuerzas Armadas.
El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata acudirá con la documentación y la solicitud de medidas en calidad de querellante en la causa 1777/07, caratulada “Pierre Pedro Valentín y otro delito de acción pública”, dijo a Télam el secretario de Relaciones Institucionales de esa agrupación, Ernesto Alonso.
Dijo que la información desclasificada por un decreto de abril de 2015 incluye miles de actas que oficiales de inteligencia labraron con declaraciones de soldados conscriptos al finalizar la guerra y actuaciones administrativas y de jueces militares por denuncias de estaqueamientos y otros tormentos sufridos por gran número de soldados.
La documentación, a la que tuvo acceso Télam, comprende también órdenes secretas para silenciar esos hechos, como la que impartió el 30 de diciembre de 1982 al V Cuerpo de Ejército el entonces jefe de la fuerza, Cristino Nicolaides.
En esa orden, el último jefe del Ejército de la dictadura mencionaba los hechos denunciados como “presuntas infracciones” y disponía que, en caso “de que se acreditare alguna infracción, las respectivas resoluciones no excederán el ámbito disciplinario, dentro de pautas de mesura, guardando la adecuada reserva, de modo tal de evitar su conocimiento en el frente externo y preservar la tranquilidad del frente interno”.
“Cuando excepcionalmente, se apreciara que el hecho no se puede resolver en el ámbito disciplinario, deberá informarse tal circunstancia dándose debidamente razón de ello, al Comandante en Jefe del Ejército, que decidirá sobre el particular”, indicaba esa orden.
El secreto respecto de informes oficiales sobre torturas sufridas por soldados en Malvinas concluyó con el decreto 503/2015 que dispuso la desclasificación de esos documentos, parte de los cuales ya fueron remitidos a la Justicia Federal de Río Grande.
«La presentación que hacemos mañana apunta a que el Poder Judicial no dilate más la investigación de estos hechos», señaló Ernesto Alonso.
La causa judicial comenzó en 2007, con la presentación de los primeros 25 casos por parte del abogado Pablo Vassel, por entonces secretario de Derechos Humanos del gobierno de la provincia de Corrientes, y posteriormente se agregaron nuevas denuncias hasta superar en total los 120 hechos.
Según los abogados Jerónimo Guerrero Iraola y Laurentina Alonso, del Cecim-La Plata, la información que surge de los archivos desclasificados «confirma que nos encontramos ante una megacausa por violación a los derechos humanos» y con «pruebas irrefutables por tratarse de documentos oficiales de las Fuerzas Armadas».
“Es necesaria una reparación para quienes defendieron la soberanía en 1982 siendo jóvenes conscriptos, con un proceso judicial que investigue los graves hechos denunciados que no pueden quedar en la impunidad», subrayó a su vez Alonso.
