La Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) evaluó que el gobierno nacional, a través de medidas como la compensación para los jubilados, la devolución de masa coparticipable a las provincias y los incentivos a las pequeñas y medianas empresas, y al sector autopartista, producirá un «fiscalexit», es decir, un impacto negativo en las cuentas públicas que pone en duda el crecimiento económico de la Argentina de largo plazo.
«El fiscalexit es una medida imprudente que deberá ser corregida a mediano plazo, no sólo para asegurar la solvencia de las cuentas fiscales sino también para ayudar a moderar el impacto macroeconómico de un déficit externo que ya es significativo, y que se manifestará en toda su dimensión cuando se logre la tan ansiada recuperación», sostuvo FIEL, a través de un análisis que lleva la firma de su economista jefe, Daniel Artana, quien ocupó el cargo de secretario de Hacienda, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, en 2001.
Artana advirtió que «la ilusión de lograr una reactivación económica de la mano de aumentar el peso del Estado en la economía y su nivel de déficit, a contramano de lo que requiere el crecimiento de largo plazo de la Argentina, también forma parte de un discurso facilista que hace muchos años mantiene nuestra dirigencia».
El economista indicó que «el Gobierno optó por profundizar las medidas compensatorias, por ejemplo, rebaja del IVA, diluyendo el impacto fiscal» que generó la eliminación de subsidios a las tarifas de los servicios públicos.
A su criterio, «los indicadores de actividad económica confirman que hay una recesión moderada», no obstante lo cual remarcó que «ante ese panorama, el Gobierno decidió una nueva modificación en su política económica».
En ese sentido, señaló que «la decisión de compensar a todos los jubilados de ingresos medios por la falta de ajuste en sus haberes en el período 2002-2006, hayan o no litigado contra la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), genera un aumento en el gasto público permanente del orden de 1,5% del PIB (Producto Interno Bruto) que está lejos de poder ser financiado por la mayor recaudación que se origine como consecuencia del aumento en la base imponible que genere el blanqueo de capitales».
De esta manera, el economista de FIEL concluyó que «el Gobierno ha decidido quemar las naves en aras de asegurar la reactivación de la economía, dejando de lado la mejora gradual de las cuentas fiscales anunciada en enero».
Evaluó que la administración de Mauricio Macri pasó «de la reactivación liderada por una lluvia de dólares para inversión, a una decisión de corte populista de motivar un aumento en el consumo aumentando los ingresos de más de dos millones de jubilados».
Artana reconoció que «con esa inyección de fondos, se asegura la reactivación para el 2017», pero estimó que «luego de la elección de medio término, el Gobierno deberá anunciar un programa fiscal creíble de reducción del déficit estructural».
Señaló que «el retorno al crecimiento sólo permitirá un cierre muy parcial de la brecha fiscal», y sostuvo que «más allá de las declaraciones de los funcionarios respecto de la importancia de balancear las cuentas públicas, los hechos demuestran lo contrario»
Al respecto alertó que «se han aprobado medidas con impacto permanente negativo en las cuentas públicas nacionales», y destacó que «al aumento del gasto en jubilaciones, se suma la devolución del 15% de la masa coparticipable a las 24 provincias (no sólo a las 3 que tenían un fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia) y propuestas para conceder incentivos fiscales a PyMEs y autopartistas, a pesar de que la experiencia internacional es bastante elocuente acerca de que los incentivos tributarios generan más costos a la sociedad que beneficios».
