Holanda propuso hoy crear un fondo de ayuda internacional para contrarrestar la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de prohibir el uso de fondos públicos para subvencionar a grupos que asisten a las mujeres en cuestiones vinculadas al aborto y la salud reproductiva y anticonceptiva.
«Esto tendrá profundas consecuencias. Prohibir el aborto no dará lugar a un menor número de abortos, provocará más prácticas irresponsables en la clandestinidad y un mayor número de muertes entre las madres», alertó la ministra holandesa de Desarrollo, Liliane Ploumen, en un comunicado.
«Debemos compensar en todo lo posible ese golpe financiero con un fondo de amplia base, al que gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil puedan donar», explicó y pidió cooperación para «hacer posible que las mujeres sigan teniendo el control de su propio cuerpo».
Con la creación de un fondo internacional, los países participantes ayudarán a paliar las «graves consecuencias» de este recorte en la financiación de las organizaciones que trabajar con mujeres en las zonas en desarrollo.
Ploumen recuerda que, según la ONG Marie Stopes Internacional, la decisión de Trump, provocará 6,5 millones de embarazos no deseados, 2,2 millones de abortos peligrosos y la muerte de 21.700 madres durante los próximos cuatro años.
«Junto con otros países y organizaciones, hemos avanzado mucho durante los últimos años», celebró la ministra holandesa y sostuvo que únicamente el aporte de su país a las organizaciones de mujeres evitó más de 6 millones de embarazos no deseados y medio millón de abortos.
Por eso, advirtió que «la decisión de Estados Unidos amenaza con socavar estos resultados» y exige «no permitir» que ocurra.
La ministra informó que ella misma tomará la iniciativa para negociar con sus pares y crear un fondo internacional que proporcione «buena formación, anticonceptivos y aborto» a las mujeres que lo necesiten.
El decreto, uno de los tres primeros que rubricó Trump en su administración y que retoma una política republicana de la década de 1980 que Barack Obama canceló en 2009, prohíbe otorgar fondos estadounidenses a ONGs internacionales que ofrezcan o asesoren sobre planificación familiar y salud reproductiva, incluido el aborto.
Los fondos no son específicamente para la interrupción de embarazos no deseados.
Previo a esto, Estados Unidos invertía unos 600 millones de dólares anuales en asistencia internacional para programas de planificación familiar y salud reproductiva, lo que permitía a 27 millones de mujeres y parejas acceder a servicios y suministros de anticonceptivos.
Ayer, ONGs internacionales, profesionales de la salud y legisladores demócratas, advirtieron de las consecuencias de este decreto y las consideraron «devastadoras» y «catastróficas» para millones de mujeres en el mundo.
Por otra parte, hoy se conoció que los republicanos están trabajando en una ley que impone una prohibición -y ningún tipo de financiamiento- en la cobertura de seguro privado para el aborto por el tiempo que la Ley de Asistencia Asequible (conocido como el ObamaCare) siga en vigor.
Si el proyecto de ley, el HR7, sigue su curso, los cambios más inmediatos recaerán en los seguros de millones de mujeres que tienen cobertura de atención médica, además, prohíbe que aquellas de bajos ingresos reciban un subsidio de salud si adquieren un plan de atención médica que cubra el aborto.
«Es un intento de impedir el aborto de casi todas las mujeres en los Estados Unidos a través de una regulación que quiere impedir que los aseguradores cubran abortos».
El decreto «podría restringir el aborto para casi todas las mujeres en este país de una u otra forma, y hacer un daño significativo en particular a las mujeres pobres», dijo hoy al diario británico The Guardian, Destiny López, directora de All Above All, una organización que defiende los derechos de la mujeres a decidir sobre su cuerpo.
El aborto en Estados Unidos es legal desde el 22 de enero de 1973 cuando la Corte Suprema lo legalizó tras el histórico fallo Roe vs. Wade.
