El Tribunal Supremo español amplió su investigación por el proceso de secesión de Cataluña a todos los partidos y asociaciones de la norteña región que participaron del desafío liderado por el ex presidente Carles Puigdemont.

Por medio de una resolución, el juez Pablo Llanera solicitó informes a la Guardia Civil española sobre los integrantes del llamado «comité estratégico» del proceso de secesión, que recoge un documento incautado denominado ‘Enfocats’ (Enfocados), en el que se delinea la «hoja de ruta» que llevó a la declaración de independencia del 27 de octubre pasado.

De esa forma, el magistrado puso en la mira a políticos catalanes que estaban fuera de la investigación como Marta Rovira, número dos del ex vicepresidente y líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, o la anticapitalista Anna Gabriel, figura clave de la Candidatura de Unidad Popular (CUP).

El Supremo investiga por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos al ex presidente catalán y todo su gobierno y a seis autoridades del anterior parlamento catalán, entre ellos la presidenta de la cámara, Carme Forcadell.

Ahora, Llarena ordena a la policía judicial que esclarezca si hubo un «concierto inicial» entre todos los partidos independentistas y las asociaciones Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultura, cuyo líderes Jordi Sánchez y Jordi Cuixart están en prisión preventiva, así como la asociación de Municipios para la Independencia (AMI) con el fin de lograr la secesión.

El magistrado también quiere saber si algunas de esas entidades sufragó alguna de las acciones de los partidos políticos, para saber en qué medida participaron de la estrategia ilegal.

Asimismo, pide indagar sobre el conocimiento que tenían los dirigentes de estas organizaciones sobre las movilizaciones sociales que se llevaron a cabo «como instrumento para lograr o facilitar la declaración de independencia», según la resolución.

Por otro lado, reclama informes individualizados sobre actos de agresión, daños y resistencia que tuvieron lugar en el marco del proceso de secesión, en las protestas durante los operativos policiales previos al referéndum del 1 de octubre, así como en las fechas posteriores.

La proclamación de la independencia por parte del parlamento catalán llevó a que el Ejecutivo español de Mariano Rajoy interviniera la región con el aval del Senado, lo que derivó en la destitución del gobierno independentista de Puidemont y la convocatoria de elecciones anticipadas para el 21 de diciembre próximo.

De inmediato la Fiscalía impuso una querella penal por rebelión, sedición y malversación contra las autoridades depuestas y los líderes de las organizaciones secesionistas.

La mayoría de los líderes secesionistas del gobierno depuesto se presentan a los comicios, de los cuales Junqueras y el ex consejero de Interior Joaquim Forn, siguen en prisión, mientras el resto fueron liberados bajo fianza, y Puigdemont se encuentra en Bruselas juntos con otros cuatro políticos catalanes.

En Junqueras, quien encabeza la lista de ERC y lidera las encuestas, volvió a solicitar su excarcelación argumentando que su ausencia está teniendo «efectos relevantes» en la campaña de cara a las cruciales elecciones del 21 de diciembre, que se presentan muy abiertas, ya que ni los independentistas ni los «constitucionalistas» tienen garantizada la mayoría absoluta.