Un dictamen del fiscal federal Franco Picardi encuadra la adjudicación del soterramiento del tren Sarmiento en “un habitual, complejo e ilícito modus operandi de empresas de origen extranjero y socios locales con pretensiones económicas, contractuales y financieras en la adjudicación de obra pública”.
A lo largo de cuarenta páginas, imputa tanto a empresarios como a funcionarios: por un lado apunta al dueño hasta poco de la empresa Iecsa y primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, y el CEO de la firma, Javier Sánchez Caballero, y al hombre que representaba a la brasileña Odebrecht en la Argentina, Mauricio Couri Ribeiro; también sumó a Jorge “Corcho” Rodríguez, quien se sospecha pudo haber actuado como intermediario; y dentro del ámbito gubernamental, señala al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, su mano derecha Manuel Vázquez y el ex secretario de Obras Públicas José López, el hombre atrapado con 9 millones de dólares entrando a un convento.
Los principales delitos que les adjudica son defraudación, soborno transnacional y dádivas. La presentación que hizo Picardi ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi señala que Iecsa y Odebrecht se postularon como socias y que protagonizaron junto con otras compañías mecanismos de “cartelización” implementados para reducir la competencia y que siempre ganaran las mismas. Dice que es un procedimiento análogo al que se detectó en Brasil en el caso Lava Jato.
Una larga lista de medidas de prueba pedidas por el fiscal incluye un entrecruzamiento de llamadas entre los funcionarios implicados y los empresarios del consorcio adjudicatario del soterramiento, integrado por la sociedad Iecsa/Odebrecht más la italiana Ghella y la española Comsa. Ante diferentes organismos (como la UIF y el Banco Central) solicitó datos sobre cuentas bancarias vinculadas a todos ellos y sus movimientos. El período que abarcan las medidas va de 2005 a 2014.
Manos limpias y uñas cortas
«Odebrecht no tiene obras en Santa Fe por la honestidad del socialismo», dijo a su vez la intendenta de Rosario, Mónica Fein, al recordar que el ex gobernador santafesino Hermes Binner anuló por «sobreprecios» una licitación que había ganado la empresa brasileña acusada de corrupción para construir grandes acueductos.
