El grupo opositor, encabezado por el asambleísta Roberto Gómez, del movimiento CREO, presentó el escrito ante el Departamento de Gestión Documental de la Asamblea, firmado por 59 legisladores de esa fuerza.

Gómez enumeró que las razones por las cuales se podría enjuiciar al alto funcionario son cohecho, peculado (malversación) y enriquecimiento ilícito.

«Si eso se ha dado dentro de los sectores estratégicos (hidroeléctricas, petróleo), de los cuales él es responsable políticamente, nosotros (los opositores) tendremos causales para iniciar el juicio político», añadió.

El legislador resaltó que el juicio político debería ser una «obligación» de la Asamblea, dominada por el oficialismo, que no ha visto, de momento, motivos para procesar a Glas.

Además de otros requisitos, la solicitud de juicio debe ser calificada por el Consejo de Administración Legislativa y luego estudiada por la Corte Constitucional, el máximo organismo de control de la Carta Magna.

El vicepresidente compareció la semana pasada a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, en la que respondió preguntas de legisladores oficialistas y de oposición.

Glas, quien fue reelegido para el cargo en los comicios de abril pasado, cuando ganó la Presidencia el nuevo mandatario Lenin Moreno, ha insistido en que «no hay una sola prueba, absolutamente nada» en su contra y desafió a quienes lo acusan a que acudan a la Fiscalía.

En diciembre pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó que Odebrecht había pagado supuestamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África.

El informe del Departamento de Justicia indicó que en el caso de Ecuador, entre 2007 y 2016, la constructora presuntamente pagó sobornos por valor de más de 35,5 millones de dólares a «funcionarios del Gobierno», lo que supuestamente le generó unos beneficios de más de 116 millones de dólares.

La Policía de Ecuador ya apresó a cinco personas en relación con el caso Odebrecht, y una adicional está en arresto domiciliario.