Grecia inició hoy las deportaciones de refugiados a Turquía, en el marco del acuerdo logrado entre la Unión Europea (UE) y el país euroasiático, criticado por la ONU, y anunció que no tramitará aún demandas de asilo por el método rápido, de 15 días máximo, que prevé la nueva ley sobre refugiados aprobada el viernes.
Hoy temprano zarparon 136 personas de Pakistán, Bangladesh y Marruecos del puerto griego de Lesbos, todos subidos a dos ferris turcos que habitualmente trasladan turistas entre ambos países, con lo que la UE logra -pese a la improvisación- cumplir el calendario propuesto sin protestas de los afectados.
Cada uno de los deportados (todos varones) iba acompañado por un policía, según explicó una portavoz de Frontex, la agencia que gestiona las fronteras exteriores del bloque. El grupo está integrado también por dos sirios que pidieron retornar voluntariamente, según señaló a un canal de TV el portavoz del comité del Gobierno griego para gestionar esta crisis, Giorgios Kiritsis.
Los expulsados no iban esposados ni los agentes armados, ninguno de ellos había solicitado asilo, según Frontex, y fueron trasladados a Dikeli, al norte de la ciudad turca de Esmirna.
Luego, desde la vecina isla de Quíos partió otro grupo de 66 personas.
Estas expulsiones constituyen la fase clave de la implementación del controvertido acuerdo firmado por el bloque europeo y el Gobierno turco el pasado 18 de marzo, con el que acordaron que todos los llegados ilegalmente a la Unión Europea (UE) a partir del 20 de marzo, salvo aquellos que requieran protección internacional, serían retornados al país bicontinental, que ahora la UE considera un destino seguro para los refugiados.
La medida, tomada en el marco de la más grave de crisis de refugiados que golpea a Europa en su historia, busca disuadir a los potenciales asilados, bloquear las llegadas de refugiados e inmigrantes, y llega luego de la incapacidad del bloque para gestionar la creciente ola de solicitantes.
En lo que va de año llegaron a Grecia en embarcaciones precarias más de 150.000 personas, un tercio de ellos niños. La mitad ha llegado a Lesbos.
A partir del próximo jueves 7, informó una fuente del gobierno heleno citada por la agencia de noticias EFE, comenzará a operar un «programa piloto» con 30 funcionarios, y sus respectivos intérpretes (que ya se encuentran en Grecia), pertenecientes a la oficina europea de asistencia al asilo (EASO), los cuales empezarán a estudiar las peticiones.
No obstante esta cifra de miembros está muy lejos aún de los 400 que prometió enviar la Unión Europea (UE) para ayudar y complementar a los 200 trabajadores del servicio griego de asilo.
La UE también prometió hasta 1.500 policías de diversos Estados miembros, de los cuales 400 estaba previsto que llegaran este fin de semana a Grecia.
Mientras tanto en los centros de recepción de las islas del Egeo oriental, en los que ya acampan más de 6.000 personas, no es posible solicitar el asilo oficialmente, aunque según la coordinadora de refugiados helena «la mayor parte» de los ubicados allí ya expresaron su deseo de hacerlo.
En el campo de recepción de Moria, en la isla de Lesbos, se hacinan ya más de 3350 personas y diversas ONG denunciaron las condiciones insalubres en las que viven juntos hombres, mujeres y niños.
Similar situación se vive en la isla de Quíos, en cuyo centro de detención siguen encerrados más de 1.800 inmigrantes a los que hay que sumar los alrededor de 600 que escaparon derribando una valla el viernes ante la pasividad de la Policía.
Alrededor de 300 de ellos se instalaron en un campo abierto propiedad de la municipalidad y otros 300 están en el puerto de la capital de la isla esperando tomar un barco hacia Atenas.
Pese a que el acuerdo entre UE y Turquía reflejaba un aumento en los controles y patrullas tanto en la costa turca como en el Egeo, las llegadas a Grecia no se han detenido y más de 300 personas llegaron en las últimas 24 horas, a las que hay que sumar las 1.400 que arribaron el fin de semana.
Durante el fin de semana tanto en los centros de registro de las islas como en los campos improvisados de Idomeni y el puerto del Pireo aumentó notablemente la tensión y, según los medios locales, se producen peleas ante el más mínimo motivo.
El Gobierno griego dijo ayer estar preparado para posibles brotes de violencia por parte de los refugiados cuando empezaran las devoluciones, según admitió el portavoz del centro de gestión de refugiados, Yorgos Kyritsis.
Al puerto ateniense del Pireo, donde ya se acumulan más de 4.800 personas que el Gobierno griego espera reubicar en otros campos organizados durante esta semana, llegaron anoche 73 refugiados más procedentes de la isla de Samos, y esta mañana 25 adicionales desde Lesbos.
El acuerdo Ankara-Bruselas -alcanzado el 18 y entrado en vigor el 20 de marzo- desató una ola de críticas de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y de numerosas ONG, que aseguran que Ankara practica «devoluciones forzosas y que no protege a los refugiados».
Incluso, Amnistía Internacional (AI) acusó a Turquía de obligar a miles de refugiados a regresar a Siria en los últimos meses y a la UE de «ignorar a propósito» las prácticas «ilegales» de Ankara para garantizarse un acuerdo que permita frenar la llegada de refugiados, que sólo el año pasado superaron el millón.
Pese a este repudio generalizado, Alemania ve posible replicar este acuerdo con África del Norte para frenar la ruta del Mediterráneo, la segunda más importante para los refugiados e inmigrantes de Medio Oriente y África que intentan llegar a Europa a través de los caóticos puertos de Libia.
