Iván Ruiz, periodista de investigación del diario La Nación, publicó una denuncia del fiscal Federico Delgado sobre unos SMS de José López a su secretario privado, teniendo en cuenta que en diciembre de 2013 el uso del whatsapps no era tan generalizado.

El ex secretario de obras públicas de Cristina de Kirchner paró un adelanto de pago del soterramiento del tren Sarmiento, porque la empresa Odebrecht -entonces socia mayoritaria de la obra- reclamaba un aumento de 1000 millones de dólares sobre el precio estipulado de 2.000. Es decir, quería cobrar 3.000 millones de dólares junto a su socio Angelo Calcaterra, primo del actual Presidente de Argentina, a su vez socios en la UTE con la italiana Ghella y la española Comsa.

Advertencia de Randazzo

El entonces ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, se opuso y convenció a De Vido y a José López de que el reclamo de la UTE ganadora era improcedente.

Pese a las quejas de la constructora brasileña que financiaría la obra con un crédito del Banco de Desarrollo de ese país, más conocido como el BNDES, decidieron fijar el precio en 2.000 millones de dólares. En pocos meses, en Brasil estalló el “lava jato”, que involucró a Odebrecht en un proceso escandaloso de coimas en su país y toda América, que terminó con el pago de 2000 millones de dólares en los Estados Unidos y la confesión de que habían pagado en la Argentina coimas por valor de 35 millones de dólares.

DNU del Presidente

Este proceso judicial en Brasil y en los Estados Unidos dejó al soterramiento del Sarmiento sin financiación, por lo cual la obra no pudo comenzar. Pero en junio de 2016, con el presidente Macri en funciones, mediante un DNU del día 10 de ese mismo mes, el gobierno argentino aceptó el aumento que pedía la UTE y lo readjudicó por los 3.000 millones de dólares que Randazzo y José López habían negado. Además, con la condición de que el socio mayoritario fuera IECSA, la empresa del primo de Mauricio Macri, y los 3.000 millones de dólares, financiados esta vez en su totalidad por el Estado argentino, que toma deuda del exterior al 7,% anual, con lo cual la obra encima de estar sobrefacturada a pedido de los adjudicatarios, se financia con una tasa de retorno irrecuperable para la Nación Argentina y, como colofón de todo este proceso, Marcelo Mindlin le compró IECSA a Angelo Calcaterra.

De modo que, si se comprueba que IECSA cobró coimas, existe la posibilidad de la suspensión definitiva de la obra, como pasó con Siemens y los documentos de identidad.